Contra todo pronóstico, la última Teletón superó la meta, con más de $38 mil millones de pesos que beneficiarán la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes discapacitados de todo Chile. A estas buenas noticias se sumará este viernes la inauguración de los Juegos Parapanamericanos, donde seremos testigos de la capacidad maravillosa de superar los obstáculos y barreras que la vida les ha puesto a atletas de excelencia que, pese a su discapacidad, competirán al más alto nivel. Desde ya invito a llenar los estadios y maravillarnos con estos ejemplos de resiliencia y superación.
En este contexto, es lamentable reconocer que las ciudades chilenas hoy son hostiles a las personas con discapacidad, quienes a diario lidian con aceras irregulares, empinadas escaleras en servicios públicos, señalética ilegible y buses en regiones que no son accesibles. Este problema no solo afecta a las personas discapacitadas, también se extiende a miles de adultos mayores, mujeres embarazadas, bebés en coche, obesos mórbidos y todos quienes presentan dificultades para desplazarse o comunicarse. Si de verdad queremos hablar de inclusión en Chile, la accesibilidad universal debe convertirse en el eje de la infraestructura, los entornos, las comunicaciones y los servicios.
Hace ya siete años se publicó el Decreto 50 que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones adecuándola a la Ley 20.422 (que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad). Esta norma exige que todo espacio o edificio público cuente con una “ruta accesible”, incorporando los accesos, recintos y áreas del edificio que esta ruta conecta. Esto significa, en teoría, que se garantiza la existencia de un itinerario libre de obstáculos, gradas o barreras que asegure el desplazamiento independiente de todas las personas, desde el estacionamiento hasta todos los recintos de uso público. Por tratarse de una exigencia por ley, estas condiciones deberían ser fiscalizadas por las direcciones de Obras Municipales, y debían estar implementadas en todos los edificios de uso público y bienes nacionales de uso público en marzo del 2019. Lamentablemente, entre el estallido y la pandemia, la aplicación y fiscalización de esta necesaria ley ha sido parcial, e insuficiente.
En este contexto, estamos ante un difícil desafío para arquitectos y fiscalizadores, si se piensa que sólo dos escuelas de arquitectura en Chile, la UDD y la PUC ofrecen un diplomado en Técnicas de Accesibilidad Universal, Entornos o Estrategias Inclusivas. Y que pese a la importancia que debería tener el tema, difícilmente llenan su matrícula.
Es aquí donde celebramos la reciente publicación de la Corporación Ciudad Accesible llamada “Guías de Diseño y Accesibilidad Universal” que reúne en 21 capítulos las nuevas normativas, directrices y buenas prácticas en el diseño de ciudades, entornos y servicios para que sean utilizables y funcionen para la mayor cantidad posible de personas, independiente de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales.
Como dijo Pamela Prett, presidenta de la Corporación: “Este es un tema difícil de hacer visible. Hasta que no sientes que los diseños te fallan y limitan, no percibes la enorme cantidad de barreras que existen a tu alrededor”. Es hora de dejar atrás los obstáculos, y pavimentar el camino hacia una ciudad y un país más inclusivo.
