El jueves pasado, en el salón de honor del ex Congreso Nacional en Santiago se inauguró la primera versión de “Congreso Ciudades”, una plataforma abierta y participativa que invita a la sociedad civil, academia y actores del desarrollo urbano al diálogo para iluminar la discusión parlamentaria y comprometer una mejor legislación para nuestro territorio. Concebido por el exparlamentario y arquitecto Patricio Hales, será coordinada por la fundación Polística con el apoyo del Senado de la República y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.
Congreso Ciudades apunta a observar y acompañar el proceso legislativo y la actividad parlamentaria, el seguimiento participativo de iniciativas de ley y sus articulados, mejorando la gestión urbana. En su primera versión, uno de los principales oradores fue el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien dio una clase magistral sobre los desafíos de la ciudad, acusando la falta de prioridad que la política le ha dado al tema, la desconexión entre política y ciudad, y de cómo las elites han eliminado las oportunidades de diálogos sociales sobre la ciudad. En los cerca de 30 minutos que duró su alocución, sorprendentemente, no hizo ninguna mención a la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) o al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), cerrando su discurso con la frase: “Hasta ahora, no ha habido un eje sólido que condicione el debate político, el debate académico con el debate social que se da en todos lados”.
Esta omisión por parte del ministro a cargo no es casual. Pareciera que el CNDU incomoda a La Moneda, ya que desde asumido el gobierno ha sido bloqueado por el Ejecutivo, lleva más de un año sin sesionar, nadie lo preside (¡incluso los consejeros nombrados por el gobierno anterior seguimos en la página web!), y se rumorea que el decreto de nombramiento de una nueva presidenta y consejeros espera la firma del Presidente Boric hace meses. Peor aún, ha trascendido que dicho decreto modificará la estructura del CNDU, fusionándolo con el Consejo Nacional de Agricultura, quedando ambos bajo el control de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Todas estas son conjeturas, ya que pese a que el CNDU es un organismo del Estado creado por ley para aconsejar al Presidente de la República para el mejoramiento de ciudades, todos estos cambios se han fraguado sin la mínima participación, sin siquiera consultar a los consejeros.
Así como celebramos que el Poder Legislativo fomente y patrocine una plataforma institucional para promover mejor legislación urbana, lamentamos que el Poder Ejecutivo contradiga su discurso y le dé la espalda e ignore a la institucionalidad vigente en ciudad, desmantelando, modificando y eventualmente capturando al CNDU; un órgano independiente que hasta ahora había sido propositivo, participativo y constructivo a partir del encuentro público privado.
Por Pablo Allard, decano Fac. de Arquitectura UDD
