En la medida que brigadistas y voluntarios controlan los megaincendios forestales, desde las cenizas emerge el desafío de la reconstrucción de aquellos poblados, caseríos, viviendas y equipamiento calcinados por el fuego.
El número de viviendas afectadas son poco más de 3.600, de las cuales cerca de 1.600 se destruyeron totalmente. Si bien el número no es tan alto como en otros desastres, aparece otra tragedia: la precariedad del hábitat rural en nuestro país.
Pequeñas localidades, como Colico Alto, Santa Juana, Llico o Punta Lavapiés, sufrieron la destrucción de casi todas sus viviendas y equipamientos, lo que exigirá un esfuerzo similar al de la reconstrucción de Santa Olga en 2017. Sin embargo, los incendios ahora cubren un territorio más amplio y complejo que en años anteriores, por lo que la reconstrucción deberá enfrentar nuevos desafíos, entre ellos, la dispersión y atomización del daño.
Más allá de las localidades nombradas, la mayoría de las viviendas destruidas se emplazan en lugares apartados, de difícil acceso o en medio del bosque, donde no es viable implementar medidas estructurales de reducción de riesgo, como cortafuegos, estanques de agua o accesos para vehículos de emergencia. Si bien el despliegue de las mediaguas de emergencia ha sido eficiente, otra cosa serán las viviendas definitivas. Este desafío ya se resolvió para el 27F, donde se reconstruyeron más de 60 mil viviendas en sitio propio, muchas de ellas trágicamente en las mismas localidades. La solución vino de manos de los municipios y Serviu regionales, que organizaron la demanda en “bolsas de subsidios” que se licitaban en concurso, donde cada empresa presentaba su “vivienda tipo” y las familias votaban por el modelo de su preferencia. En muchos casos, la dispersión es tal que este modelo no funciona, y hará clave la autoconstrucción asistida, lo que es urgente, ya que las familias no esperan, como ya lo vemos en los cerros de Viña del Mar.
Otro desafío es la propiedad del suelo. Gran parte de las viviendas están emplazadas en terrenos prestados o cedidos a los inquilinos por los dueños, son sucesiones, tomas ilegales o requieren sanear títulos de propiedad. Paradojal que teniendo los recursos y materiales, un tema legal atrase la reconstrucción; pero debemos agilizar la burocracia al tiempo que aplicar especial celo a que los recursos públicos se inviertan en aquellas familias que realmente necesitan la ayuda del Estado.
Un tercer desafío es la urgente reconstrucción de la docena de colegios, postas y servicios básicos necesarios para normalizar la vida de las comunidades afectadas. El ejemplo de los colegios modulares el 27F es clave, permitiendo que los niños volvieran a clases y así sus padres concentrarse en recuperar sus trabajos.
Finalmente, es condición necesaria el restablecimiento del estado de derecho y seguridad ciudadana. De nada servirán cordones cortafuegos o viviendas definitivas si no se recupera el estado de derecho y la paz social en las regiones afectadas, y esto lamentablemente no es prioridad para un gobierno empecinado en deconstruir más que reconstruir el país.
Por Pablo Allard, decano de la Facultad Arquitectura UDD
