El nuevo Premio Nacional de Arquitectura, Cristián Castillo, afirma que las tomas de terreno son legítimas, y que la participación de delincuentes en ellas es por falta de presencia del Estado y los partidos políticos. Agregando que si estuvieran controladas por estos últimos se podrían llevar mejor adelante.
Sin discutir los méritos de Castillo para el premio, considero lamentables sus declaraciones. Ya que no solo celebra e incentiva las tomas ilegales de terrenos, sino además arenga a incorporar la operación política en su implementación, usando la desesperación como instrumento ideológico en lugar de buscar una solución definitiva, legal y segura a la crisis de vivienda.
Las tomas y usurpaciones serán siempre un hecho violento y una tragedia que debemos evitar y menos romantizar o instrumentalizar. Ellas representan la falla del Estado por garantizar el acceso universal a la vivienda, proteger la propiedad privada y el Estado de Derecho; y lo más grave, exponen la desesperación de las personas por encontrar una solución por sus propias manos, exacerbando su vulnerabilidad en condiciones muy precarias y riesgosas. A ello se suma el surgimiento de mafias loteadoras y amedrentadoras, que encontraron un lucrativo negocio en tomar, lotear y vender terrenos ajenos, incluso llegando a asesinar a sus propietarios.
Con todos sus bemoles, Chile ha tenido la política habitacional más clara y exitosa del continente en lo cuantitativo, permitiendo que entre 1974 y 2018 más de 3,6 millones de familias salieran de los campamentos o allegamiento y accedieran a la propiedad o mejoramiento de sus viviendas. Hasta 1999 cuando se produce la toma de Peñalolén, había incentivos claros para que las familias no participaran en tomas y esperaban pacientemente su subsidio, existiendo una regla tácita de que si una familia participaba de una toma, perdía su lugar en la lista. Esto cambia con la Nueva Política Habitacional del 2006, donde se puso el foco en los grupos medios y calidad de las soluciones. El 2007 teníamos 28 mil familias viviendo en 533 campamentos, al 2019 subió a 47.050 familias en 802 campamentos, y ahora estamos cerca de las 120 mil familias.
El estallido, el alto costo de los arriendos y la pandemia hicieron que muchas familias fueran expulsadas del allegamiento y obligadas a llegar a campamentos. Según Techo, un 50% de ellas llegaron porque no pudieron seguir pagando el arriendo, y solo un 30% son inmigrantes. Esta presión, sumado al debilitamiento del Estado de Derecho e imperio de la ley luego del estallido, atizado por las mafias loteadoras y desesperación de los sin hogar generó la crisis que hoy vivimos.
Donde sí concuerdo con Castillo, es en la necesidad de entender el fenómeno y las prácticas de autogestión y organización de los comités de pobladores para codiseñar las soluciones con modelos y diseños participativos y progresivos, que incorporen la autoconstrucción y modelos de gestión comunitarios, siguiendo los planteamientos de su maestro John Turner y el legado de su padre, Fernando Castillo Velasco. A lo que yo agregaría la experiencia de las Aldeas de Emergencia luego del terremoto de 2010, modelos de urbanización progresiva como los de Elemental y propuestas más radicales de Echeñique y Poduje para revisitar la “Operación Sitio” de Frei Montalva.
El desafío está en entender estas operaciones para buscar mecanismos de planificación y desarrollo urbano que aprovechen la energía creadora y organizativa de los pobladores, y que incluyan aspectos culturales y comunitarios, a la vez que diseñar herramientas más flexibles y proactivas para la organización territorial. Mientras el Estado y los partidos abandonaron las tomas, en estos últimos años el crimen organizado copó esos espacios, y no hay lugar para romantizar ni menos sacar provecho político de esta tragedia.
Por Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura, Universidad del Desarrollo
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