Por Pablo Allard, decano Facultad de Arquitectura UDD
El martes pasado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, compartió en Twitter fotos de lo que fue su primera bilateral con el Presidente Boric, presentando junto a la subsecretaria Tatiana Rojas dos láminas que dejan entrever la difícil tarea que enfrentan.
La primera lámina habla del desafío: “Proponer una política habitacional y urbana que recupere el rol del Estado para dar respuesta al creciente aumento del déficit habitacional y el derecho a la ciudad con enfoque de género”. La segunda, titulada: “Plan de emergencia habitacional”, aludía a la nueva Ley de Integración Social, que dispone la confección de un plan de emergencia habitacional que contemple: reducir el déficit por medio de la entrega de 260 mil viviendas, crear el Banco de Suelo Público, diversificar soluciones de acceso y producción de vivienda, promover la participación y autogestión de las comunidades, un plan integral para campamentos y mejoramiento de barrios y entornos comunitarios.
Si el Minvu cuenta este año con el presupuesto más alto de su historia -cercano a los US$ 3,6 mil millones-, y con un banco de suelos que ya suma 273 terrenos fiscales donde podrían construirse soluciones para cerca de 50 mil familias, ¿por qué está tan urgido el ministro Montes?
Pues bien, su equipo enfrenta una tormenta perfecta. Por un lado, la inflación, el quiebre de stock de materiales y escasez de mano de obra han llevado a que el Programa de Integración Social y Territorial DS19 -programa estrella en cuanto crear oferta de vivienda- se esté cayendo a pedazos. Según un estudio reciente de la CChC, el número de proyectos del DS19 que han renunciado tras ser seleccionados es alarmante: a la fecha hay 55 proyectos del llamado 2020 renunciados, lo que equivale a 9.428 unidades, a los que se suman 1.666 unidades del llamado 2021, que podrían seguir aumentando. Si se suman los proyectos sin inicio desde el 2020, el total alcanza 131 proyectos con 27.498 unidades. En otras palabras, hay más de 30.000 viviendas que no hay certeza que se construyan o lleguen a sus propietarios.
A este difícil contexto hay que sumar el fuego amigo, proveniente de la izquierda radical y el PC, quienes se han dado el gusto de detener proyectos como el de Plaza Egaña, incentivar las tomas y más encima pretenden que el Estado se haga cargo exclusivamente de todas las soluciones habitacionales. Estas acciones lo único que harán es aumentar el déficit de vivienda que, sumado a la destrucción del crédito hipotecario, ataca directo a la clase media vulnerable representada por esa joven que el 2019 marchaba con un cartel que decía: “muy pobre para el banco y muy rica para el Serviu.”
Por suerte Montes y Rojas tienen claro el diagnóstico, y el ministro cuenta con la experiencia política para ordenar a sus aliados. Sin embargo, no será tarea fácil, y todos debemos sumarnos: Estado, comunidades, privados, cooperativas, fundaciones, academia, inmobiliarias y constructoras para salir de esta emergencia habitacional, sin desatender la necesidad de mejores ciudades y barrios, tareas aún pendientes del Minvu.
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