A tres años del estallido social, es realmente desolador ver lo poco o nada que se ha hecho por recuperar los centros urbanos, monumentos y barrios afectados por la violencia y vandalismo que acompañaron a ese desastre sociopolítico.
Basta recorrer estos barrios para darse cuenta del lamentable estado en que están. El vandalismo permanece en el ambiente, acompañado de rayados, monumentos vacíos, locales cerrados y vendedores ambulantes que defienden su territorio a balazos ante la desidia de nuestras autoridades.
Las cuarentenas nos dieron una ventana de oportunidad para haber avanzado en la recuperación de estos espacios, como fue el caso de aquella intervención anónima de grupos pacifistas cubriendo de blanco Plaza Baquedano, o cuando se despliega el triste muro de acero en torno al monumento. Incluso en su momento, el ministro Blumel avanzó decididamente en reflotar el proyecto ganador de Alameda Providencia y recuperar el sector de Baquedano antes que terminaran las cuarentenas; sin embargo, su salida del gabinete cambió las prioridades, y el abandono ya es crónico.
En este contexto, destacan los esfuerzos de vecinos, locatarios, e incluso instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, por avanzar en la protección y recuperación de sus fachadas y entornos. Pero estos esfuerzos se ven empañados por multas carentes de criterio o trámites eternos que poco ayudan a avanzar hacia una recuperación definitiva.
La culpa no está solo en el temor de las autoridades a contener los actos vandálicos o en la falta de voluntad y recursos, sino en un tema más fundamental: la carencia de una legislación moderna que nos permita conservar, proteger y poner en valor nuestro patrimonio.
Por más de cinco años que se viene discutiendo una nueva Ley de Patrimonio, y que pese a contar con amplios procesos de consulta, la concurrencia de más de 15 ministerios en su elaboración, más de 50 audiencias en el Congreso y la aprobación de la Comisión de Cultura y el pleno de la Cámara en marzo de este año, también ha sido resistida por grupos cercanos al gobierno, que alegando falta de participación vinculante, llegaron al absurdo de exigir que no se avance en una nueva ley hasta no contar con una nueva Constitución que consagre el derecho al patrimonio.
Es de esperar que, independiente del devenir constitucional, el gobierno reactive la discusión sobre esta necesaria ley, ya que gran parte de las trabas que enfrentamos están en la gestión, conceptos, financiamiento y fiscalización. Necesitamos con urgencia una nueva ley que entregue herramientas para enfrentar la crisis patrimonial que vivimos, que armonice los instrumentos, descentralice y acelere los plazos de respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales, fije multas proporcionales e incentivos tributarios. Como alguna vez dijo el Premio Nacional de Arquitectura y actual director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez, “si el patrimonio no es urgente, entonces no es patrimonio”.
Por Pablo Allard, decano de la Facultad de arquitectura UDD
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