Pese a leves señales de mejora en la actividad económica del país, la industria de la construcción continúa en uno de los peores momentos en décadas. Y una de las principales dificultades es la mal llamada “permisología”.
Los permisos son clave, y están diseñados para garantizar que el desarrollo se realice de manera segura y responsable, sin embargo, pueden ser una fuente de costosos atrasos y frustración para constructoras y familias que esperan su vivienda. Un estudio reciente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, plantea que el plazo para completar la tramitación de permisos municipales en la Región Metropolitana aumentó un 26% desde el 2019, alcanzando un promedio de 815 días, con comunas como Macul, La Cisterna, San Joaquín superando los ¡1.300 días o tres años y medio! Parte importante de esta demora radica en las Direcciones de Obras Municipales, así como en la diversidad de estudios, mitigaciones, inspecciones y aprobaciones que se deben tramitar en distintas agencias sectoriales, que van desde los proyectos y obras viales, sanitarias y eléctricas hasta ascensores y piscinas. Esta multiplicidad de trámites dilapida cualquier posibilidad de reactivar la industria, ya que los atrasos en la aprobación encarecen los costos financieros y plazos de entrega de las viviendas.
El problema de fondo es que muchos municipios ven al desarrollo inmobiliario como una amenaza. Como si fuera una industria perversa que destruye calidad de vida capturando grandes plusvalías, cuando en realidad son quienes construyen el sueño de toda familia: la casa propia, siguiendo las normas y condiciones que cada municipio supuestamente ha definido en su Plan Regulador.
En este contexto destaca la visión de ciudades norteamericanas como Portland, ejemplo de planificación sustentable, y donde el 2021 se propusieron acelerar los permisos instalando una fuerza de tarea: la “Permitting Improvement Task Force”. Poniéndose como meta reducir los tiempos de espera de permisos de 200 a 100 días en base a tres objetivos: reducir los plazos para la obtención de permisos; mejorar la gestión del desempeño y mejorar la “experiencia del cliente” (sí, las inmobiliarias y cualquier ciudadano son vistos como clientes).
Primero establecieron una auditoría que concluyó que la única forma de “satisfacer las necesidades de los clientes” era con una nueva estructura, capacidad de gestión y gobernanza. Luego implementaron un tablero digital online abierto a toda la comunidad donde hacer seguimiento de las métricas de todos los permisos en curso. Finalmente se aprobó unificar todos los permisos en una entidad o ventanilla única digital, la cual fue presentada la semana pasada.
Las autoridades de Portland ven sin complejos la urgencia de traer desarrollo y bienestar a su comunidad agilizando los permisos. En palabras de la Concejala y Comisionada de la Fuerza de Tarea Carmen Rubio: “La gran necesidad de más viviendas, en todos los niveles de ingresos, es lo que me impulsó a plantear el desafío y ofrecer una mejor manera de servir a quienes literalmente construyen y dan forma a Portland todos los días. Al reunir todos nuestros permisos bajo una sola autoridad, podemos reducir el costo y el tiempo que lleva realizar un proyecto. Eso es bueno para los habitantes de Portland y para la economía”.
Rubio es la favorita en la carrera a la Alcaldía para las elecciones de noviembre. Ojalá aquí en Chile también surjan liderazgos con permisos como el de ella.
Por Pablo Allard, decano de la Fac. de Arquitectura, U. del Desarrollo
