Columna de Pablo Allard: Los cuidados del sacristán…
Una de las tareas más urgentes del gobierno es enfrentar la crisis de acceso a la vivienda, con unas 600 mil familias allegadas o con arriendos precarios, además de las 90 mil que viven en campamentos. En este contexto, celebramos el coraje del Presidente Boric de comprometerse a entregar 260 mil soluciones habitacionales, mandato asumido con determinación por el ministro de Vivienda Carlos Montes.
El Plan de Emergencia Habitacional del Minvu en realidad debe construir 135 mil viviendas, (Piñera dejó cerca de 125 mil viviendas en construcción), pero las dificultades para ejecutar los subsidios ya entregados, acceder a buenos terrenos y contar con constructoras con capacidad financiera para llegar a buen puerto aumentan la presión en Montes, que ha hecho un llamado a activar la vivienda industrializada como solución complementaria.
Nadie duda de la importancia de sumar a todos los actores a participar de esta gesta; sin embargo, en su desesperación, el gobierno acaba de caer en prácticas irregulares contradiciendo lo que predican sobre descentralización, detener la segregación socioespacial o promover la libre competencia entre constructoras grandes y locales. ¿Qué sucedió? Con tal de acelerar la industrialización, el gobierno incorporó en la Ley de Presupuesto 2023 la Glosa 6. Esta permitiría que aquellas “viviendas tipo industrializadas” preaprobadas por el Minvu no requerirán cumplir con el inciso 1º del Artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), ni estarán sometidas a permisos, inspecciones o recepciones finales por parte de las direcciones de obras municipales. Más aún, pese a que el ministro ha liderado la batalla contra las parcelaciones de agrado, la glosa exime a estos proyectos del cumplimiento de las limitaciones establecidas en el artículo 55 de la LGUC, expulsando a las familias más pobres a terrenos más baratos en zonas rurales desprovistas de servicios y fuera de la planificación urbana.
Si realmente queremos generar un impulso a la construcción de vivienda social, ¿por qué hacer diferencia entre un proyecto industrializado y uno tradicional, no debería haber el mismo incentivo para ambos en orden de resolver un problema país? Al pasar por encima de los municipios, ¿no se estará reconociendo que el problema es la burocracia que eterniza las tramitaciones municipales?
En cuanto a las constructoras, ¿dónde queda la sana competencia en igualdad de condiciones? En momentos que necesitamos generar empleo, ¿qué pasará con mano de obra tradicional de albañiles, carpinteros y maestros que será reemplazada por máquinas y robots a raíz de un subsidio indirecto del Estado para forzar un tipo de construcción y excluir otros igual o más competitivos? Los favorecidos, al parecer, serán los grandes desarrolladores que tendrán la capacidad de montar o comprar las industrias ya admitidas.
Como dice el refrán, los cuidados del sacristán pueden terminar matando al señor cura, y, en este caso, la cura de la crisis habitacional es demasiado sensible como para tales errores.
Por Pablo Allard, Decano Facultad Arquitectura UDD
