Si bien celebramos que el Presidente Boric comprometiera entregar 260 mil soluciones habitacionales en su gobierno, este año de gestión ha sido calamitoso. Desde marzo de 2022, el Minvu ha entregado 39.475 viviendas, el número más bajo en décadas.
Si bien el aumento de costos de materiales por quiebres de stock y las dificultades de financiamiento por pandemia e incertidumbre constituyente no se la hicieron fácil, no justifican una caída de más del 42% del promedio de entregas mensuales. Tampoco son excusa los incendios o el flujo migratorio; una cosa es que aumente el déficit, y otra no mantener el ritmo de entregas.
Parece inexplicable que frente al alarmante déficit -reconocido por el propio ministro Montes en 654 mil viviendas-, en lugar de hacer una amplia convocatoria al sector, hayan priorizado iniciativas tan miopes como una glosa vía Ley de Presupuestos que permite agilizar la “permisología” de viviendas sociales solo para aquellas de tipo industrializadas, impidiendo ampliar el beneficio a métodos tradicionales, que conocen contratistas y constructoras, y que prefieren las familias por la solidez, durabilidad y facilidad para ampliaciones.
Excluir los métodos tradicionales de estas franquicias no solo es discriminatorio, sino que va en directo perjuicio de las familias que esperan por una casa. Lo único que puede explicar la obsesión mediática por la vivienda industrializada es que el programa de gobierno prometió crear una empresa estatal autónoma.
Otro tema a considerar es que la vivienda industrializada permite variaciones mínimas. Encuestas indican que las familias estarían dispuestas a esperar hasta 6 meses más si su vivienda definitiva es “de material”.
Las políticas habitacionales no solo deben apuntar a un techo, también a generar empleo y comunidad, especialmente en localidades pequeñas, donde miles de albañiles, maestros, carpinteros, contratistas y pymes de la construcción serán reemplazados por líneas de montaje, producción y robots manejados por pocos en las grandes ciudades.
Si bien una casa industrializada se construye más rápido que una tradicional, estamos frente a una falsa disyuntiva. Es reconocido por todos que los excesivos tiempos de entrega de viviendas no responden a los de construcción, sino a la excesiva burocracia previa, la cual hoy el Minvu eliminó solo para las viviendas industrializadas precertificadas. Si el problema son los permisos, necesitamos que todos los sistemas de construcción cuenten con los mismos incentivos y beneficios para lograr superar la crisis que enfrentamos.
La vivienda industrializada es pieza fundamental de las políticas habitacionales, y los avances tecnológicos apuntan a una mayor participación de componentes y materiales industrializados en la construcción; no obstante, el futuro no será prefabricado, sino híbrido. La emergencia habitacional nos pide que potenciemos todas las soluciones y no sigamos insistiendo en una ilusión, que termina en decepción, como en este año perdido.
Por Pablo Allard, decano Fac. de Arquitectura UDD
