Con esta frase, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó la decisión de instruir al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para que aplique máximo celo al momento de revisar las solicitudes de certificación de loteos que se ingresen bajo el Decreto Ley 3.516, que permite subdivisiones de predios rústicos en parcelas de hasta 5 mil metros cuadrados.
Como evidencia, el SAG publicó que durante 2019 certificó a nivel nacional un total de 9.373 operaciones de subdivisión de predios rústicos al amparo del DL 3.516, cifra que se eleva a 9.842 en 2020 y a 15.837 en 2021. Más allá del incremento de casi 170% en solo dos años, la chacota a la que alude el ministro se basa en la hipótesis de que algunos loteadores simulan que sus proyectos continúan teniendo fines agrícolas, ganaderos o forestales, cuando en realidad son de tipo habitacional, cosa explícitamente prohibida en la ley, salvo excepciones para vivienda de interés social o turismo.
En este sentido, parece del todo razonable que el SAG revise con cuidado las carácterísticas de estos loteos y, además, se precise que no se trata de un congelamiento o moratoria del DL 3.516, como algunos han acusado.
Tal como advertí en este espacio hace unos meses, anunciar una modificación del decreto sin tener alternativa de reemplazo, detonaría una lotificación masiva de terrenos que aún no han sido subdivididos o inscritos. Por otro lado, dada escasez de suelo urbano, bloquear nuevas subdivisiones puede acrecentar la crisis de vivienda que vive el país.
La verdad es que los predios rústicos que se dividieron para dar paso a núcleos urbanos o habitacionales en estos últimos 42 años son síntoma de un problema mayor: el fracaso de la planificación urbana y territorial, para dar cabida al crecimiento poblacional dentro y fuera de los centros urbanos. Lamentablemente, los instrumentos de planificación y su aplicación últimamente van en la dirección contraria, con crecientes restricciones que impiden el acceso a la vivienda a cientos de miles de familias, empujándolas a vivir más alejadas en zonas rurales, aun cuando tengan menores dotaciones de servicios y les implique desplazarse grandes distancias.
La próxima semana, tanto el ministro Valenzuela como su par de Vivienda, Carlos Montes, están invitados al Parlamento a exponer las propuestas de sus carteras para enfrentar este desafío. Pero para realmente terminar con la chacota, debemos articular una mesa de trabajo en que todos los actores propongan alternativas y soluciones adecuadas para conducir de manera sustentable las nuevas demandas del hábitat rural. Más que prohibir o dificultar las subdivisiones rústicas, debemos crear mecanismos de planificación que aseguren la posibilidad de acoger estilos de vida que promuevan una ruralidad sustentable, donde se garantice la continuidad de la actividad agrícola o la conservación de activos ambientales; donde el diseño de la subdivisión responda a principios de ecología del paisaje.
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