La transformación digital cambió para siempre los paradigmas y sistemas urbanos. El más visible, el surgimiento de las Empresas de Aplicación de Transporte (EAT), como Uber, Didi o Cabify. Su masificación fue tan disruptiva que pilló a los reguladores desprevenidos, pero los beneficios fueron inmediatos: (1) Se creó una oferta de movilidad on-demand que no existía en ciudades intermedias y zonas periféricas; (2) Se redujeron los siniestros por conducir bajo los efectos del alcohol, (3) ayuda a reducir la congestión y uso de estacionamientos ya que un vehículo resuelve los viajes de decenas de personas, (4) mayor transparencia, ya que pese a las tarifas dinámicas, éstas se informan con anticipación al viaje, y (5) son una opción de empleo digno para miles de retirados, jóvenes, cesantes o inmigrantes.
Si bien las EAT no han estado exentas de problemas tales como asaltos, imprudencia de conductores o suplantación de estos, ya que funcionaban en base a la confianza y autoevaluación de conductores y usuarios, se hacía urgente regularlas luego de casi una década de operar sin un marco legal. En este sentido celebramos la pronta entrada en vigencia de la Ley 21.553, que Regula a las Aplicaciones de Transporte Remunerado de Pasajeros, estableciendo la necesidad de un registro de conductores y que estos cuenten con licencia profesional.
El problema surge con el reglamento, que parece haber sido redactado desde un escritorio en Santiago por alguien que no ocupa el sistema, agregando requisitos draconianos para los vehículos y barreras de entrada para los conductores que matarán al sistema. Entre estos, exige que los vehículos tengan cilindrada superior a 1.400 CC., en momentos en que todas las ciudades del mundo promueven las bajas emisiones. Además, exige que los vehículos tengan menos de 7 años de antigüedad en la inscripción, y una vez implementado solo podrán registrarse conductores con vehículos nuevos, lo que dejará fuera a la mayoría de quienes prestan servicios en regiones y periferias, así como a los que recurren a las aplicaciones para generar ingresos en momentos de necesidad.
Es tal el impacto que producirá el reglamento que uno de cada dos conductores no podrá seguir conectándose a las apps, esto es cerca de 100 mil personas que quedarán sin estos ingresos; como consecuencia el 88% de los viajes que hoy se hacen en Chile no estarán disponibles.
En momentos en que el costo de la vida se hace cada vez más duro para los chilenos, y el desempleo aumenta, parece contraproducente poner trabas a una industria que complementa la movilidad de cientos de miles de personas y genera empleo digno. Lo más preocupante es que este reglamento se ha redactado sin la información ni participación de expertos y de las propias empresas.
Aún estamos a tiempo de evaluar las consecuencias sociales, en seguridad vial, empleo y movilidad que un mal reglamento puede producir, y avanzar hacia la implementación de una buena ley que potencie los beneficios y regule el buen uso de las ETA.
Por Pablo Allard, Decano Facultad de Arquitectura UDD
