Lamentable ha sido el debate por la denominada Ley de Usurpaciones. Más allá de la posición que se tenga respecto al derecho de propiedad y la legítima defensa privilegiada, el tema de fondo es por qué el Estado ha abdicado ante las mafias lotificadoras de terrenos o los grupos terroristas en La Araucanía; un Estado incapaz de garantizar la seguridad y reposición de los bienes de quienes han sufrido la toma o usurpación, y menos de quienes habitan en tomas precarias.
Tan contradictoria ha sido la posición del gobierno que, en mayo pasado, luego que 500 carabineros y fuerzas especiales del GOPE difícilmente desalojaran departamentos Serviu ocupados violentamente por 250 usurpadores en San Pedro de la Paz, el ministro Montes dijo: “Las empresas deben resguardar mejor las obras”. ¿Acaso insinúa que las constructoras deberían crear grupos paramilitares con capacidad de fuerza equivalente? Para más contradicción, semanas después, la ministra Tohá apodó a esta ley como “gatillo fácil”.
El origen de estas paradojas está en el programa de gobierno del Presidente Boric, que dice: “Priorizaremos una respuesta nacional, digna y ágil, a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos” (Pág. 151). ¿Acaso instalarán mesas de diálogo con las mafias lotificadoras, que a punta de sicarios asesinan a propietarios como Alejandro Correa en Quilpué?, ¿o con la Coordinadora Arauco Malleco, que en su último comunicado se cuelga de la idea de gatillo fácil para legitimar sus acciones terroristas? Nos enfrentamos a otra demostración de que el buenismo del gobierno tropieza con la realidad.
Mientras seguimos enredados en estas cavilaciones retóricas, según el Minvu, en mayo de 2022 se contaban cerca de 50 mil personas viviendo en tomas y campamentos en áreas de riesgo: cientos de familias que ocupan quebradas aluvionales en Antofagasta, a las que les quedan meses antes de que el invierno boliviano arrase con lo poco o nada que tienen; también quienes se tomaron servidumbres bajo tendidos de alta tensión, o volvieron a ocupar las quebradas de Valparaíso, y que podrían ser víctimas de megaincendios este verano.
En lugar de mesas de diálogo, es urgente que se establezca un programa de erradicación de campamentos en riesgo. Luego del 27F se construyeron 107 aldeas de emergencia que acogieron a más de 4.300 familias desplazadas. Luego, todas las familias recibieron una solución definitiva, y las aldeas se desmantelaron evitando perpetuar la situación de emergencia.
Es hora de dejar la retórica del buenismo o el diálogo en solitario, y que el gobierno enfrente con determinación a quienes se aprovechan de la desgracia de los sin hogar, desarticule los grupos terroristas que toman terrenos en el sur, y se concentre en erradicar inmediatamente las tomas en áreas de riesgo. De lo contrario, serán ellos responsables de usurpar las vidas de cientos de familias que esperan que el Estado deje la retórica y pase a la acción.
Por Pablo Allard, decano Fac. de Arquitectura UDD
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