El ministro de Vivienda Carlos Montes anunció una licitación especial para la construcción de 20 mil viviendas sociales para el año 2024 en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). ¿El problema? La licitación contempla únicamente la construcción de viviendas industrializadas o prefabricadas, para “elevar la capacidad productiva, la inversión e impulsar el desarrollo tecnológico de forma ‘audaz’ en este tipo de construcciones”.
El fin es noble, pero la licitación tiene múltiples problemas. Primero, anuncia la inversión de recursos fiscales para impulsar y desarrollar la construcción de viviendas industrializadas, discriminando la construcción de viviendas tradicionales. Desde la pandemia el rubro de la construcción tradicional se encuentra en franca crisis; manifestada en la quiebra de muchas empresas y decenas de licitaciones desiertas. Ahora, sin embargo, el ministro Montes anuncia que invertirá fondos fiscales para impulsar una industria embrionaria.
El segundo problema es que se asume que la Ley de Presupuestos para el año 2024 contemplará una norma idéntica a la Glosa 6 de este año, que establecía una exención legal arbitraria a favor de la construcción de viviendas sociales industrializadas acelerando su construcción al eximirla de parte importante de la mal llamada “permisología”, funcionando como una barrera de entrada al mercado para los actores del rubro de la construcción tradicionales. Lo anterior, eventualmente fomentaría conductas anticompetitivas en el mercado.
El último problema es práctico: durante el 2023, encontrándose vigente la Glosa 6, la industria de vivienda prefabricada no ha respondido. Se propusieron 2.640 casas para el llamado 2023, de las cuales solo hay 84 seleccionadas en Ñuble (que aún no inician obras) y 3 casas pilotos, a dos meses de que termine el año. Y el próximo año prometen 20.000. No calza por ningún lado. La industria no se moviliza por glosas transitorias sino por decisiones permanentes. Una glosa presupuestaria no incentivará inversiones de largo plazo, solo favorecerá a los que están instalados.
No se trata de aportillar el PEH, por el contrario, todos queremos que sea exitoso. Para eso es clave destrabar a toda la industria de la vivienda y que alcance su máximo potencial, incentivando y convocando a todos los actores y tecnologías disponibles, pasando de un Plan de Emergencia a uno de Catástrofe Habitacional.
Las autoridades seguro responderán que además de estas 20 mil viviendas industrializadas habrá decenas de miles de otros programas que sí estarían abiertos a la construcción tradicional, pero lo que tiene en crisis a la industria no es la tecnología sino precisamente la “permisología” y el financiamiento, que son las virtudes de este llamado.
¿No será mejor licitar la construcción de viviendas sociales a secas, e incluyendo a todas las tecnologías y fuerza del mercado sin distinción? Ello, al menos, supondría respetar las normas de libre competencia y abriría la posibilidad real de alcanzar la meta del PEH. No vaya a ser que si no cumplimos la meta, el gobierno le termine echando la culpa a los privados por no haber respondido a su llamado.
Por Pablo Allard, Decano, Fac. de Arquitectura UDD
