Columna de Pablo Allard: Fuego de Navidad

El incendio que afectó a cerca de 500 familias en vísperas de Navidad en Viña del Mar vuelve a poner el foco en la crisis de vivienda y aquellos asentamientos irregulares emplazados en zonas de riesgo.

Según el último Catastro Nacional de Campamentos 2022 del Minvu, a octubre existían 1.901 campamentos registrados, con 71.961 hogares, de los cuales un 37% (35 mil familias) se encuentran bajo alguna amenaza o riesgo por cambio climático. Cifras subestimadas, ya que solo consideran riesgos reconocidos en los Instrumentos de Planificación Territorial, donde los incendios en la interfase urbano-forestal no están considerados. En noviembre TECHO y Cigiden presentaron un estudio que revela que el 93% de los campamentos (62 mil familias) se encuentran expuestos a algún tipo de amenaza como las sequías, remoción en masa, inundaciones, sismo o tsunami. Precisan que 30,1% de los campamentos ha sufrido inundaciones, un 17,4% declaró haber presenciado remociones en masa y otro 15,4% haber presenciado de cerca un incendio forestal.

Lo más delicado de esta información es que si el Estado conoce que hay personas viviendo en situación de riesgo y no toma medidas como informar y educar, protocolos de alerta temprana y evacuación, fiscalizar y reducir riesgos, estamos ante una responsabilidad ética, política y constitucional ineludible.

Reconociendo el Plan de Emergencia Habitacional del Minvu, es perentorio que se active un programa extraordinario frente a campamentos en riesgo, similar a la reconstrucción del 27-F. Catastro en mano, diferenciar los campamentos estructurales (que tengan varios años) de tomas recientes, y activar un programa de erradicación de éstas últimas priorizando aquellas ubicadas en zonas de alto riesgo como quebradas, bajo tendidos de alta tensión o cerca de bosques. Organizar la oferta de arriendos cercanos y relocalizar a la mayor parte de las familias. Como el arriendo no será suficiente, para el resto de las familias podrían replicarse las “aldeas de emergencia” creadas para el 27F. Fueron 104 aldeas levantadas entre la V y XVII Regiones en terrenos fiscales o privados cercanos a los campamentos de origen, con viviendas de emergencia pero contando con servicios básicos y apoyo social, bajo el compromiso que se entregarían soluciones definitivas y las aldeas desmanteladas o radicadas. Algunos criticarán esta medida como eventuales “campos de refugiados”, pero fue efectiva para más de 4.300 familias que perdieron todo el 27F y en cuatro años obtuvieron una solución definitiva y en un terreno seguro.

Un estudio que hicimos en el Centro de Innovación en Ciudades de la UDD junto a Constanza González y Francisco Toro comparando los procesos de reconstrucción del Valparaíso (2014) y Santa Olga (2017) reveló que los contextos de los asentamientos informales aumentaron la vulnerabilidad y la exposición a los incendios forestales y dificultaron las actividades de respuesta. Pese a lo exitoso de dichos procesos, identificamos cinco aspectos críticos: (1) la falta de información preliminar sobre incendios forestales; (2) el subdesarrollo del enfoque multiescalar; (3) enfoques multidisciplinarios y participación comunitaria débiles; (4) la necesidad de establecer el nivel de tolerancia al riesgo para facilitar la toma de decisiones sobre estrategias de rehabilitación, reconstrucción o reubicación; y (5) la falta de continuidad del mantenimiento en los procesos de recuperación.

Nada devolverá las vidas, bienes y sueños arrasados por el fuego de Navidad, pero si queremos minimizar este tipo de tragedias, debemos actuar aún más rápido con aquellas comunidades expuestas a alto riesgo y aprender de las lecciones de desastres anteriores.

Por Pablo Allard, decano de la Facultad de arquitectura de la UDD