El diagnóstico respecto a la seguridad no es del todo claro. Si bien el país siempre ha tenido los temas de seguridad y delincuencia entre sus principales prioridades (CEP 2000-2022), la percepción de inseguridad ha llegado a sus puntos más altos, al tiempo que los delitos comunes (DMCS) vienen ostensiblemente a la baja en los últimos años (CJS, 2023). Sin embargo, un patrón relacionado a una delincuencia más compleja, más preparada y conectada con mercados ilícitos parece emerger. Esta nueva delincuencia hace uso con mayor frecuencia de armas de fuego y actúa con dinámicas propias del crimen organizado, especialmente a través del control territorial para desplegar sus actividades ilícitas.
Aunque los flujos migratorios son aprovechados para el despliegue de actividades delictuales, la evidencia muestra que los migrantes no son causantes de mayores delitos (Ajzenman et al., 2023). Además, no existen datos concretos que permitan demostrar su involucramiento en organizaciones de mayor complejidad delictual.
Independiente de los fenómenos que nos han llevado al estado actual, la crisis de seguridad, ya sea más o menos subjetiva, es un hecho. Aunque no todos, el mundo político y los agentes estatales de la seguridad y la justicia, de manera mayoritaria, han reaccionado con un sentido de urgencia mal conducido. El alarmismo se ha tomado la discusión pública al punto de hacer irreconocible la idea de “agenda”. Las medidas inorgánicas y de escasa justificación político-criminal se han hecho protagonistas. El resultado ha sido que al estado de la criminalidad hemos sumado una crisis de la agenda legislativa para abordarla. Los proyectos de ley centrados en el aumento de penas para diversos delitos fueron la punta de lanza.
Como se encuentra ampliamente documentado, la mayor severidad de las penas tiene poco impacto en la reducción delictual (Chalfinm y McCrary, 2017). Otra porción del paquete legislativo huele a racismo, en tanto busca criminalizar la migración irregular e intensificar la persecución penal a los indocumentados. Algunos proyectos, por cierto, son necesarios, sin embargo, el momento punitivo que estamos viviendo prevé que su tramitación quedará relegada por las urgencias populistas.
La criminalidad como tal se encuentra enraizada, entre otros factores, en profundas desigualdades sociales y en los problemas de acceso a servicios y al ejercicio de derechos que afecta a gran parte de nuestra población, chilena y extranjera por igual.
Es en este contexto que como Centro convocamos al que denominamos Consejo Transversal para la Política de Seguridad, que comenzó la semana pasada, y a través del cual esperamos entregar una mirada reflexiva y basada en la evidencia que busquen las mejores políticas en materia de seguridad, a fin de lograr un equilibrio entre aquellas medidas preventivas, de control y reinserción social.
El objetivo es claro: lograr un contrapunto y límite al frenesí legislativo que estamos presenciando. La urgencia por construir políticas de seguridad y de justicia no puede traducirse en medidas que, junto con alejarse de los estándares de derechos humanos, traigan consecuencias adversas, agudizando los problemas de seguridad que estamos enfrentando.
Por Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica
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