Columna de Pablo Ortúzar: “¿De quién es el Estado?”

Siempre es lo mismo: cada vez que el gobierno se muestra inepto frente a una emergencia que involucra empresas privadas, el Presidente hace un show de indignación, que a veces incluye paseos innecesarios en helicóptero apuntando cosas con el dedo, y con voz engolada y aflautada condena a los privados, culpa al modelo subsidiario y añora los tiempos en que el Estado era dueño de todo. Luego toman la posta una serie de políticos menores, como el senador Latorre o la diputada Musante, y repiten la consigna.

Una vez, hace años, cuando el horror del Sename había llegado al debate público, tuve una pelea en televisión con el animador Freddy Stock, porque frente a los datos de abandono y abuso hechos públicos sólo atinó a repetir la minuta: el problema es que hay hogares de menores administrados por privados. Eso, a pesar de que la evidencia señalaba que los hogares estatales eran, en general, iguales o peores que los privados. Me hirvió la sangre, porque me pareció bajo tratar de llevar agua manchada con sangre al propio molino de manera tan burda. Y lo mismo ocurrió otra vez con Kena Lorenzini, que presionada por sus propios silogismos llegó a afirmar que prefería que las cárceles fueran todas estatales, a pesar de que la evidencia mostraba que se cometían más violaciones contra los derechos humanos en ellas que en las privadas.

Pero ahora el escándalo es peor, porque nuestros gobernantes frenteamplistas no son meros comentaristas de la realidad, sino administradores del Estado que tanto adoran. Y esa administración ha sido negligente, abusiva y, a ratos, impúdica. Fueron, desde el Ministerio de Educación de Bachelet II, los artífices de la destrucción de la educación particular subvencionada. Luego, exigiendo retiros y transferencias directas siderales durante la pandemia, desataron altos niveles de inflación, devaluando la capacidad de compra del dinero de todos. También durante la pandemia promovieron que ojalá los estudiantes del sistema público no fueran más a clases. Una vez instalados en el poder, hicieron el ridículo con su empresa distribuidora de gas. La de los balones rosados, con Jackson con el gorrito rosado. Millones a la basura. Atrasaron el TPP por capricho ideológico, igual que la explotación del litio, y tantas otras cosas, perdiendo y perdiendo plata (cada permiso es un peaje administrado por amigos). Después se han demorado más de un año en reconstruir tras los incendios de Viña (linda evacuación, por cierto), y llevan ¡ocho casas! La entrega de útiles escolares en escuelas estatales, bajo su administración, terminó en agosto. Y las campañas de vacunación, que deberían durar dos a tres meses, les toman seis a siete. Rico su Estado. El otro modelo.

Y ojalá el problema fuera sólo la ineptitud. Por último, estaría la excusa de ser “jóvenes” sin experiencia. Pero el amiguismo y el clientelismo en el uso de los recursos estatales sólo han crecido. Tenemos un embajador en Brasil que estuvo meses en vacaciones pagadas esperando que Bolsonaro perdiera las elecciones. Sebastián “inestabilidad” Depolo, que cobra 16 millones al mes, igual que Bea Sánchez, en México. Luego viene el amigote presidencial embajador en España, Javier Velasco, aficionado a langostas, pies y 15 millones mensuales. Y Diego Vela, antiguo presidente de Revolución Democrática, enviado a París a un cargo público despejado a la mala para darse la gran vida en Europa con un sueldo de 12 millones. No olvidemos a Harold Mayne-Nicholls, que ahora quiere ser político, y a Felipe Bianchi, octubrista de Vitacura, que siguen cobrando sueldos sobre ocho millones por la organización de los Juegos Panamericanos del 2023. Y, como deja en claro el escándalo de Democracia Viva, peguitas hay para todos los amigos. Fundaciones aparte, este gobierno ha contratado más empleados públicos que todos sus antecesores, y ahora tienen el Estado al borde de la quiebra, pegándole manotazos a Corfo.

Siendo todo esto así, cuando le digan que hay que hacer crecer el Estado, la gran pregunta previa es de quién es el Estado. De cada peso que pone, ¿cuánto le llega de vuelta en inversiones, obras y servicios eficientes y profesionales, y cuánto va a las peguitas? ¡Seguimos!