Al escándalo por la crisis sanitaria, que políticamente se aplacó con la tardía salida del subsecretario Fernando Araos, se sumó hace poco la indignación por los retrocesos en aprendizaje registrados en el Simce, mezclados con la aparente prioridad ministerial por programas dudosos de reeducación sexual. Se repetía así el cuadro de salud, donde la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (CS), apareció hablando del desconocimiento del clítoris como problema de salud pública, mientras los servicios colapsaban con pacientes críticos de influenza y sincicial, produciendo muertes evitables.
El ministro de Educación, Marco Ávila (RD), intentó salvarse prometiendo un esfuerzo para que ningún niño salga de cuarto básico sin saber leer (es decir, tres años después de lo esperado, y ni hablar de comprensión lectora). Sus amigos del Colegio de Profesores no colaboraron y anunciaron un paro nacional. Tampoco logró Ávila evitar la presentación de una acusación constitucional por la mala conducción de su cartera.
Todo esto pasó antes de que explotara el escándalo de la Fundación Democracia Viva, creada en Ñuñoa, pero operativa en Antofagasta, bajo la conducción de Daniel Andrade, militante RD, expresidente de la FECH (2017), leninista-garcialinerista y entonces pareja de la diputada por Antofagasta, exdirigente secundaria y universitaria, y expresidenta de RD, Catalina Pérez. Dicha fundación se adjudicó 426 millones de pesos por parte de la Seremi del Ministerio de Vivienda mediante asignación directa, parcelados, para evitar chequeos de Contraloría. El objetivo de estos fondos era ir en apoyo de familias de escasos recursos que viven en campamentos de la zona, pero no han podido dar cuenta de esos trabajos, por lo que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, exigió una restitución. La Seremi estaba a cargo de Carlos Contreras, también militante RD y exasesor de la diputada. Andrade renunció a su (otro) cargo como asesor del Ministerio de Defensa, y Contreras, a su puesto en la Seremi. Pérez los trató de “don Daniel y don Carlos” y acusó aprovechamiento político y discriminación de género en contra de ella por parte de quienes consideraran que podía tener algo que ver con el asunto. Suspendió, en tanto, su participación en la mesa de la Cámara de Diputados.
El caso Democracia Viva puso bajo la lupa a una serie de otras organizaciones que tienen tratos similares con el Minvu en Antofagasta y otras regiones. Esta necesaria indagación afectará la reputación de organizaciones honestas de la sociedad civil. Las esquirlas políticas, en tanto, no son menores: el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, fue contra Carlos Montes (PS), señalando que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), habría estado al tanto del caso Democracia Viva desde mayo, por lo que el ministro tenía que estar enterado del asunto. Esto terminó poniendo en cuestión a la propia Rojas y generando tensión entre las facciones del gobierno (el diputado PS Tomás de Rementería llegó a decir que “Latorre quiere que todos nos hundamos con él”). Latorre terminó reculando, pero seguirá la cueca.
Esta nueva crisis tiene elementos que se están haciendo recurrentes: personajes jóvenes de perfil político universitario en cargos públicos con altos sueldos, baja capacidad de asumir responsabilidades, victimismo estratégico y actuación autointeresada en nombre de los débiles y postergados. Estos elementos apuntan a un fenómeno que el sociólogo Peter Turchin ha denominado “sobreproducción de élites”: hay demasiados aspirantes dispuestos a (quemarlo) todo por obtener y mantener una posición de privilegio. Un exceso de convencidos, más allá de sus capacidades concretas, de merecer más estatus, poder y plata. Este perfil parece fuerte dentro de la Nueva Izquierda, nacida y sostenida en el clientelismo universitario y sus frustraciones, y amenaza con liquidar su imagen, ya mala, de “alumno en práctica” y pasarlos a la pila de descarte de las élites corruptas. El gobierno, a ratos, parece un capítulo de Succession, protagonizado por actores que creen estar en La batalla de Chile. Algo muy peligroso, pues nos aproxima todavía más a la disolución política del “que se vayan todos”.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.