Ayer se cumplieron 25 años desde el primer atentado en Lumaco con la quema de tres camiones por la CAM. Desde ahí, un espiral violento y creciente ha afectado gravemente a seis regiones del país. Solo en los últimos tres años se han materializado más de 3.408 hechos de violencia: 31 homicidios, 531 personas lesionadas y 2.016 bienes destruidos entre inmuebles, maquinaria, equipos y vehículos. Si en 2014 el promedio de hechos de violencia era de 1,2 por día, desde esa fecha ha crecido un 275%, llegando a una media diaria de 3,3 hechos de violencia.
Durante mucho tiempo se insistió -y se sigue insistiendo- en un supuesto conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. La violencia no distingue ni origen étnico ni color político. Solo este año han sido asesinadas 14 personas, de las cuales la mitad son mapuche. El verdadero conflicto es entre el Estado de Chile y el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado que afecta a familias mapuche y no mapuche. Pensar algo distinto es simplemente desconocer la realidad, o peor aún, negarla.
Son las orgánicas radicalizadas y terroristas las que infunden terror a través de asesinatos, quemas de iglesias y escuelas, atentados a fuentes de trabajo, descarrilamiento de trenes, destrucción de helicópteros y ataques armados, entre otros. El atentado al Molino Grollmus por parte de la Resistencia Mapuche Lafkenche, como dijo el Presidente Boric, fue un acto terrorista. No hay que olvidar tampoco que hace ya 13 años, la CAM le declaró la guerra al Estado.
Lamentablemente, la CAM también ha exportado la violencia al sur de Argentina, influenciando con sus acciones a la Resistencia Ancestral Mapuche, como fue reconocido en un informe oficial del gobierno trasandino, tildándola como la “madre”. La violencia y la CAM están indisolublemente unidas. Su brazo armado ha estado compuesto por 14 organismos de Resistencia Territorial. A esto hay que añadirle otras seis orgánicas que operan en la Macrozona Sur, dándose a conocer dos más este año: la Resistencia Mapuche Cautín y la Resistencia Mapuche Pewenche.
El estado de emergencia con el gran trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI ha sido una herramienta necesaria pero insuficiente, mientras siga hablándose desde el desconocimiento o desde la negación, la crisis de seguridad seguirá, pagando víctimas inocentes las graves consecuencias.
Finalmente, está proyectado para marzo una “Comisión por la Paz”, cuyo eje estructurante es la problemática de tierras. Sin embargo, resulta indispensable también un gran pacto de Estado que asuma una estrategia contra el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado desde la prevención, protección, persecución y la respuesta, porque lo que está en juego es nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestros derechos fundamentales. No podemos seguir indiferentes ante el sufrimiento de muchos, se debe actuar ya.
Por Pablo Urquízar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur
