A más de dos años de decretado el primer Estado de Emergencia por el expresidente Piñera en la Macrozona Sur, y con una medida de excepción ya renovada en 34 ocasiones por el Congreso Nacional, la disminución de los hechos de violencia ha sido objetiva: los 165 días del primero redujeron la violencia un 40%, y los ya más de 500 días del segundo Estado de excepción un 34%. Esto, sin contar con importantes detenciones que se han materializado. A raíz de lo anterior, el subsecretario del Interior ha planteado la posibilidad de “desescalar” el Estado de excepción. Al respecto, algunos puntos relevantes a tener en consideración.
Lo primero es que, a nivel comparado, el combate al terrorismo puede o no darse incorporando a las FF.AA. en éste: la lucha contra la ETA en España -y su erradicación- (1958-2018) fue fundamentalmente con la Guardia Civil y la Policía Nacional. En ese sentido, el Estado de excepción es un medio que, unido a otras acciones del Estado, pretende dar la tranquilidad necesaria a los habitantes de la Macrozona Sur.
Lo segundo, disminución no significa erradicación. Basta con ver los graves hechos de violencia recientemente adjudicados por la Weichan Auka Mapu. El 26 de marzo del año pasado, el actual gobierno tomó la decisión de “desescalar” completamente el Estado de Emergencia por 50 días. Fueron los días más violentos de 2022, la violencia aumento un 53%.
Lo tercero, aun con algunos de los cabecillas presos de orgánicas terroristas, no se debe subestimar la amenaza de aquellas. Ya en el pasado, a propósito del primer Estado de excepción, Llaitul llamó a un “repliegue táctico” en su estrategia político-militar. No sería extraño algo así hoy.
Lo cuarto, la excepción del Estado de Emergencia dice relación principalmente por la posibilidad de restringir derechos y garantías fundamentales a la población. Nada de eso ha ocurrido en estos dos años, quienes sí se han visto afectadas son las orgánicas violentistas.
Por último, aún faltan condiciones esenciales para enfrentar el terrorismo. Todavía se observa cierta tolerancia a la utilización de la violencia como método de acción política, haciéndose indispensable un pacto transversal por las libertades fundamentales y contra el terrorismo. Por otra parte, el país continúa sin una estrategia integral que aborde el fenómeno desde los cuatro pilares: prevención, protección, persecución y reparación. Asimismo, el reciente proyecto antiterrorista ingresado por el gobierno sigue sin urgencia ni prioridad alguna. Por otro lado, el Sistema de Inteligencia continúa sin su modernización tan esperada: cinco años en tramitación. Esas y otras acciones son necesarias.
Así las cosas, “desescalar” el Estado de Emergencia no es la disyuntiva que debiera existir hoy, sino más bien cómo se aumenta la capacidad del Estado para erradicar definitivamente el terrorismo en la Macrozona Sur, que puede o no ser con Estado de Excepción. Sin embargo, esa respuesta aún sigue pendiente.
Por Pablo Urquízar, ex coordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur
