La expectativa de que el cambio constitucional podía ser un camino democrático para mejorar la calidad de vida y la convivencia de los chilenos se expresó en el interés ciudadano desde inicios de la década de 2010. De acuerdo con la encuesta LAPOP (Proyecto de Opinión Pública de América Latina) de 2012, alrededor de un 70% señalaba estar muy de acuerdo y de acuerdo con que se buscara realizar una reforma constitucional.
Esta misma expectativa fue uno de los elementos que estuvo presente durante el proceso constituyente abierto a la ciudadanía, impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet durante su segundo mandato. Diversas encuestas mostraban que entre 60% y 70% de las personas estarían de acuerdo con un cambio constitucional, y ese interés se expresó también en una importante participación en los encuentros locales autoconvocados y cabildos realizados en 2016.
A pesar de que el proceso de cambio constitucional estuvo suspendido en 2018 y 2019, esa expectativa por un cambio institucional de la Constitución Política se mantuvo, y luego de las movilizaciones y protestas ocurridas en octubre de 2019, los partidos políticos con representación en el Congreso firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Con pandemia mediante, y las crisis económicas y de salud, el interés se mantuvo. La ciudadanía participó masivamente en el plebiscito constitucional y eligió una Convención Constitucional. Después de un año de deliberación, el proceso fue fallido. Los chilenos rechazaron la propuesta de texto constitucional y desde ahí en adelante no solo la confianza, sino el interés, han ido en descenso. La encuesta Pulso Ciudadano de julio muestra la evolución del nivel de acuerdo con el cambio constitucional desde enero de 2020 en adelante. Hasta octubre de 2021, quienes estaban a favor del cambio constitucional fluctuaban en torno al 70%; sin embargo, para abril de 2022, ese apoyo había decaído a 45%, sin lograr recuperarse. De hecho, para septiembre de 2022, el apoyo al cambio constitucional estaba alrededor del 50%; y, hoy, alcanza el 43% de aprobación.
Sin duda, el fallido proceso constitucional de 2022 ha generado desafección y desgaste en la ciudadanía. El trabajo actual no ha generado un cambio en las expectativas; más bien, persevera una tendencia a la baja confianza en el Consejo Constitucional y poco interés en el proceso mismo. Más que fatiga o cansancio, pareciera ser que las personas toman distancia por la falta de acuerdos constitucionales. En la encuesta CEP de julio, el 49% dijo estar nada interesado en el proceso constituyente; mientras que el 59% señala que espera que políticos y constituyentes privilegien los acuerdos.
La desafección en la política y la desconfianza son factores que afectan negativamente el desarrollo de la democracia y de nuestra convivencia social. La ciudadanía castigó en 2022 los proyectos propios y la falta de acuerdos. Y hoy su desinterés también se relaciona a esto mismo. Es tiempo ya de que quienes representan las distintas posiciones en el debate constitucional vayan en busca de la construcción de esos acuerdos, y con ello del interés y confianza de la ciudadanía.
Por Pamela Figueroa, Instituto de Estudios Avanzados, Usach
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