Estamos a poco menos de un mes de que se verifique el plebiscito constitucional, o “plebiscito de salida” como se ha denominado coloquialmente. Un total de 15.173.857 de electores habilitados están convocados a pronunciarse, Apruebo o Rechazo, frente al texto propuesto por la Convención Constitucional. Este plebiscito parecía ser el cierre de un proceso constituyente que tiene sus raíces en la crisis de legitimidad y confianza del sistema político, y que ha canalizado por vía democrática el malestar social. Sin embargo, al parecer el 4 de septiembre no será el cierre del ciclo constitucional, sino un paso más en el proceso que busca acercar la política y la ciudadanía, en el contexto de una sociedad fracturada.
El plebiscito constitucional es un proceso abierto por dos razones: la polarización de posiciones frente al texto constitucional, y como consecuencia de esto, la amplia opinión de que el plebiscito, más allá de la opción triunfadora, será el inicio de nuevas reformas constitucionales.
A diferencia del plebiscito de entrada, donde hubo una clara mayoría, diversas encuestas han venido mostrando resultados de mayor o menor cercanía entre ambas opciones, y un porcentaje importante de indecisos. El voto obligatorio hace crecer potencialmente un electorado que no ha concurrido a las urnas y que por tanto es más difícil de conocer su comportamiento. Estos factores dejan un escenario electoral abierto, donde el resultado, ya sea por Apruebo o Rechazo, se puede jugar por el número y perfil de quienes concurran a votar, de la evaluación que hagan del contexto político, así como del tipo de campaña que se despliegue, y del nivel de información o desinformación que llegue a los distintos hogares y personas.
El plebiscito es además un escenario abierto, porque en ambas opciones el mundo político regular, quien retoma protagonismo una vez disuelta la Convención Constitucional, converge en la necesidad de “reformar” o “mejorar” la propuesta de nueva Constitución, o del texto constitucional vigente. Como muestra la experiencia comparada, la apropiación del sistema político con respecto a los acuerdos en materias constitucionales, es clave para la permanencia e institucionalización de dichas normas, por tanto, este proceso debe basarse en un diálogo abierto con la ciudadanía y en la perspectiva de construcción de consensos. La disputa está desde dónde partir: del texto propuesto por la Convención en el marco de un proceso democrático, o del texto constitucional vigente.
El plebiscito del 4 de septiembre es entonces un paso más en el proceso político chileno, uno que debe buscar la inclusión antes que la exclusión, para enraizar las instituciones en una sociedad cada vez más diversa y compleja.
