El contexto actual de discusión presupuestaria en el parlamento es un buen momento para volver a relevar la importancia de destinar recursos públicos a niñez y adolescencia. Entre otras, hay dos grandes razones que lo justifican.
La primera razón por la cual hay que destinar recursos públicos a los niños, niñas y adolescentes es para cumplir el compromiso internacional de protección y realización de los derechos de la niñez, que Chile asumió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en agosto de 1990, y con las obligaciones nacionales, como la recientemente promulgada Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Hacer realidad los derechos de la niñez depende, entre otros factores, de hacer el mejor uso posible de los presupuestos públicos. Y esto no solo significa destinar los recursos necesarios y suficientes para la plena aplicación de las políticas y programas relacionados con los niños, sino que también lograr que los presupuestos públicos sean eficientes, eficaces, equitativos y transparentes. El marco de las Finanzas Públicas para la Infancia de UNICEF busca incidir y promover que los presupuestos públicos cumplan con todos estos objetivos a través de la adopción de presupuestos basados en resultados, transparentes, de conocimiento ciudadano y más equitativos, entre otras características.
Uno de los esfuerzos recientes en esta dirección, es la estimación de la inversión pública total del Gobierno Central en niños, niñas, adolescentes y sus familias, realizada por la Subsecretaría de Niñez y UNICEF, dando respuesta a la Glosa 06 de la Subsecretaría de Niñez en la Ley de Presupuestos del año 2022. Sus resultados representan una línea base robusta sobre la cual avanzar en políticas públicas que permitan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, monitoreando el presupuesto público destinado a este objetivo y haciendo transparente dónde y cómo se invierten estos recursos.
La segunda razón que justifica el aumento del presupuesto público en infancia es la contundente evidencia que ha demostrado que las inversiones en infancia tienen los mayores rendimientos, y que produce beneficios significativos de mediano y largo plazo en igualdad y productividad. Debido a ello, el gasto en educación, salud, vivienda, nutrición, entre otros, destinados a la niñez y adolescencia, se reconocen como inversión en infancia, en el entendido de que sus efectos perduran en el tiempo y se espera que tengan retornos sociales positivos.
En esta línea, la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, define la Protección Social de la Infancia y Adolescencia como “el conjunto de políticas y acciones en diversos ámbitos cuyo objetivo es promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y cuidado, entre otros, que tienen los niños, niñas y adolescentes, de un modo acorde a su etapa vital, en caso de que su familia no se encuentre en condiciones de proveérselos por sus propios medios” (Artículo 15). Un Piso de Protección Social sensible a los derechos de la niñez permitirá generar condiciones mínimas y comunes para que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos frente a situaciones de pobreza y vulnerabilidad y que desarrollen su máximo potencial. Proveer de oportunidades a los niños, niñas y adolescentes les permitirá llevar adelante su plan de vida, lo que contribuye, no solamente a su bienestar individual, sino a que también al desarrollo económico y social de nuestro país.
Estas dos razones, protección de derechos y beneficios de mediano y largo plazo, justifican más y mejores presupuestos públicos destinados a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Paolo Mefalopulos, Representante de UNICEF.
