Finalmente, el gobierno ha presentado la estrategia nacional del litio. El anuncio promete la creación de una Empresa Nacional del Litio; un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares; y un Comité Corfo de Litio y Salares. El ethos de la política recae en “posicionar al Estado como el líder para el desarrollo de la industria”, proporcionando no solo un marco regulatorio, sino también una “visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor”. Con todo, el interés del Estado en impulsar esta industria es una noticia positiva, dado que Chile es de los países con las mayores reservas de litio del mundo y se ha posicionado como el segundo mayor productor después de Australia. Sin embargo, y aunque se haya optado por reconocer los beneficios de la colaboración público-privada por sobre un esquema de monopolio estatal, la estrategia nacional no está exenta de errores y de enfrentar importantes desafíos a futuro.
En primer lugar, no parece estar en línea con la atracción de una mayor inversión al sector el hecho que se haya puesto como condición para nuevos proyectos que el Estado deba tener participación mayoritaria en estos -y por tanto el control de las decisiones corporativas-, relegando a un segundo plano el rol del sector privado. Esto equivale a proponer lo siguiente: usted ponga el capital, traiga la tecnología, desarrolle proyectos, asuma el riesgo, pero yo seré quien tendrá el control. Especialmente en una industria en donde los proyectos conllevan una toma de riesgo de largo aliento, esta no parece ser una fórmula razonable.
En segundo lugar, se ha declarado reiteradamente que “no será como el salitre”, haciendo alusión a la experiencia de reemplazo de este recurso y la consecuente pérdida de ingresos fiscales para nuestro país. Sin embargo, no resulta claro que una Empresa Nacional del Litio sea un seguro contra la aparición de nuevas tecnologías. Por el contrario, el mejor mecanismo para evitar la pérdida de posición por reemplazo tecnológico es brindar una arquitectura regulatoria clara y estable a la industria, además de inyectar incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías, promoviendo así la competencia de mercado, la cual es la llave maestra de la innovación.
En tercer lugar, no queda claro aún la conveniencia -o ventaja- de crear una nueva empresa estatal para realizar una labor que ya es realizada actualmente con la institucionalidad vigente. En efecto, los contratos actuales de arrendamiento de explotación a privados han sido gestionados a través de la Corfo, confirmando que es posible continuar por aquel camino -e incluso potenciarlo- en lugar de crear una institucionalidad completamente nueva que comprometería una mayor parte de los limitados recursos fiscales con los cuales contamos actualmente. De insistir en el camino de la creación de esta nueva empresa estatal, será fundamental no solo dotarla de una estructura de gobierno corporativo sólida que permita prever las posibilidades de captura de grupos de interés, sino también incorporar el know-how de empresas privadas que ya tienen años de experiencia en la industria.
Finalmente, aún quedan importantes desafíos pendientes en materia de acceso a la información sobre los ingresos fiscales que se han generado por la producción de litio, así como también la actualización de la regla fiscal para dirimir cuántos de los recursos fiscales generados pueden ser considerados permanentes y cuántos deben ser considerados transitorios, resguardando así un manejo sostenible de los recursos fiscales extras que implicaría aprovechar esta gran oportunidad para el país.
Por Patricio Órdenes, profesor Investigador Faro UDD
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