La reciente discusión de pensiones ha tenido elementos que retrotraen varios años el debate. Por un lado, ante los retornos negativos de los fondos se han exacerbado críticas a las cuentas individuales y, por otro, en el escenario post plebiscito y con la ampliación de la PGU, se han endurecido miradas sobre la propiedad individual en pensiones, limitando la solidaridad a los impuestos. Pero ya sabemos que una conversación dicotómica, que no aborda complejidades, solo entrampa la urgente y necesaria reforma previsional.
Una de esas complejidades es el concepto de solidaridad, que tiende a asociarse a aliviar la pobreza en pilares no contributivos. Pero en pensiones hay diversos objetivos, que se resumen en entregar seguridad económica en la vejez, invalidez y sobrevivencia. Así, la solidaridad también es un elemento central en el pilar contributivo, con el que se busca evitar caídas bruscas en los ingresos al pasar desde la etapa activa a la pasiva.
En ese ámbito, una de las dimensiones de la solidaridad es la redistribución intergeneracional asociada al reparto, pero no la única. También son parte de la solidaridad la redistribución intrageneracional, incluyendo transferencias como las de equidad de género o desde altos a bajos ingresos; y la compartición de riesgos, como el de longevidad o financiero, donde la redistribución solo ocurre ex post, cuando estos se materializan.
En los extremos de las opciones de compartición de riesgos están el reparto con beneficios definidos y las cuentas individuales; y ambos enfrentan dificultades de sostenibilidad. En el primero financiera y en el segundo social, pues todos los riesgos recaen en las personas. Los retiros y el recurrente debate de las tablas de mortalidad son prueba de ello y de que la capitalización individual también está sujeta a riesgos políticos.
Hoy el mayor peso del sistema está en la PGU, que ha sido un avance sustantivo al establecer un piso de protección social, pero que también plantea tensiones. Su valor ya ha quedado bajo la línea de la pobreza y cuando se aumente, relativo a los salarios, será elevado a nivel comparado. A futuro, su alcance será además limitado por su alto costo fiscal frente al envejecimiento de la población. Diversificar las fuentes de financiamiento es esencial para alcanzar los distintos objetivos en pensiones y entregar mayor seguridad de ingresos en la vejez, especialmente en sectores medios. Fortalecer el pilar contributivo con un sistema mixto es la base para ello, con un diseño, institucionalidad y peso de las distintas dimensiones de la solidaridad que debe ser fruto de amplios acuerdos.
La reforma actual no agotará los desafíos en pensiones, pero esta generación de la que somos parte será medida por su capacidad de dialogar y sentar las bases de un sistema más resiliente y sostenible, que sea capaz de entregar dignidad y seguridad en la vejez.
Por Paula Benavides, Presidenta ejecutiva de Espacio Público
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