El camino hacia un acuerdo en materia de pensiones nunca es sencillo, y esta vez no ha sido la excepción. Lograr un consenso amplio sobre una reforma al pilar contributivo ha demandado casi una década de esfuerzos a lo largo de diferentes gobiernos. Así, tras 14 meses en la Cámara y 11 en el Senado, la reforma ha entrado en su fase decisiva. Esta semana se votaría en el Senado y, posteriormente, se avanzaría a su tercer trámite en la Cámara, con la posibilidad de ser despachada en enero para su posterior promulgación como ley.
El recorrido nos brinda varios aspectos que merecen ser valorados. En primer lugar, resalta la disposición transversal para alcanzar acuerdos con una visión a largo plazo, más allá de la coyuntura que a menudo nos condiciona. La oposición ha mostrado apertura al diálogo y ha estado dispuesta a contribuir a un logro común, que podrá ser destacado por la actual administración, al igual que antes ocurrió con la creación de la PGU. Por su parte, el oficialismo ha mostrado flexibilidad al ceder en temas que antes consideraban líneas rojas. El tercer trámite en la Cámara también demandará un alto compromiso para contribuir a un acuerdo cuyos beneficios puedan materializarse.
También es alentador observar que el trabajo técnico puede contribuir a facilitar una deliberación política constructiva, y que, con un enfoque basado en evidencia y diálogo, es posible superar diferencias.
Por otro lado, el proceso ha puesto de manifiesto la importancia de la institucionalidad. La contribución del Consejo Fiscal Autónomo ha sido clave para alertar sobre riesgos fiscales y proponer medidas de mitigación, a partir de las cuales se aprobaron indicaciones al proyecto. Además, su participación ha acercado a la ciudadanía el papel fundamental que desempeña la sostenibilidad fiscal en el avance de derechos sociales sostenibles.
Un aprendizaje que resalto es la importancia de abordar los problemas de manera oportuna, para evitar la necesidad de una gran reforma que se discuta bajo presión. Es relevante mencionar que, por razones de pragmatismo, varios temas quedaron fuera de esta reforma, como los desafíos del pilar de ahorro voluntario, los que deberán ser tratados en el futuro. Asimismo, se comprometió el abordaje de varias materias en proyectos complementarios: en 90 días, la regulación de los ajustes para el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia; en un año, la regulación de los independientes que emiten boletas de honorarios respecto del seguro social; y en 180 días, la gestión fiscal del FEES y del Fondo de Reserva de Pensiones, con el objetivo de alcanzar una meta para ambos fondos.
Finalmente, cabe destacar que el esfuerzo y generosidad transversales, dedicados a allanar el camino de esta reforma superando diferencias ideológicas en pro del bienestar de la población, reivindican el papel de la política como un puente para el diálogo y la resolución de los retos sociales.
Por Paula Benavides, directora de Espacio Público
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