El inicio de la tramitación de la reforma de pensiones es una buena noticia. Las bajas pensiones y la inseguridad de ingresos en la vejez son una de las principales preocupaciones expresadas por la ciudadanía hace años. Los anuncios, en líneas generales, son una base positiva para abrir esa discusión.
El fortalecimiento de la PGU, construida durante distintos gobiernos, robustece el piso de protección social para evitar la pobreza en la vejez. Pero es complejo descansar todo el peso del sistema en ella: a nivel comparado, su valor será alto en relación a los salarios y, a futuro, la presión del envejecimiento de la población será importante. Por ello, también es fundamental fortalecer el pilar contributivo, como se ha propuesto, incrementando la tasa de cotización y el ahorro previsional. Hacerlo con un pilar contributivo mixto es valioso, pues permite diversificar las fuentes de financiamiento de la pensión, aprovechando las complementariedades de la capitalización individual, que se mantiene, y del ahorro colectivo solidario, que se suma. De ese modo, con un sistema más equilibrado y resiliente, se facilita alcanzar los objetivos en pensiones.
Por otra parte, la reforma tiene foco en las mujeres y ese foco es correcto, porque ahí están las mayores brechas, que llegan a 62% en la pensión autofinanciada promedio de los nuevos pensionados. La equidad de género implica introducir discriminaciones positivas, para propender a una mayor igualdad en los hechos. El bono por cuidados es un ejemplo de ello, al reconocer esta labor no remunerada que recae mayoritariamente en las mujeres; también lo es el nuevo beneficio por maternidad, asociado a la cotización del 6%, que se suma al bono por hijo de 2008. A su vez, se introduce una compensación del efecto que produce la mayor expectativa de vida de las mujeres en las pensiones, como existe en la mayoría de los países a través de tablas unisex.
Sin duda mucho puede perfeccionarse, como los pesos y diseños específicos de los distintos elementos de solidaridad, la institucionalidad, la etapa de desacumulación o las transiciones y gradualidades. Para ello, el país requiere un diálogo colaborativo, de parte de todos los sectores, para mejorar aquellos temas donde exista espacio para hacerlo y dar cabida a amplios acuerdos. Eso implica salir de discusiones dicotómicas, donde las únicas opciones parecen ser la capitalización individual y el reparto; y centrar el debate en mejorar las pensiones que, aunque sea redundante, es el objetivo del sistema que estamos reformando, no las herencias o la elección. Conlleva generar unidad y evitar soluciones efectistas que pueden surgir en un marco de fragmentación en nuestro Parlamento. Por último, es un debate en el que se necesita cuidar las formas, enfocando la discusión en los cambios deseados, más que en reescribir el sistema de pensiones y, por otro lado, evitando querer tomarse a cargo la información de una reforma a través de cartas a los afiliados.
El gobierno tiene el gran desafío de viabilizar la reforma en un escenario complejo, pero este desafío no es solo del gobierno, es también de la oposición y compartido como sociedad. Fallar nuevamente, ya sea porque no se logran acuerdos o porque se aprueben medidas que terminan debilitando el sistema, tendría un costo demasiado grande para el país y para la confianza en nuestras instituciones.
Por Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público
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