El asesinato de Ámbar Cornejo estremece, duele, golpea. Las palabras no alcanzan para describir el horror de su muerte. Y que el principal sospechoso de su crimen sea alguien que a todas luces no debió haberse cruzado ni en su camino ni en el de ninguna otra persona. Hugo Bustamante salió bajo libertad condicional en 2016, a pesar de no haber terminado la condena de 27 años de cárcel por haber asesinado con similar crueldad a su mujer y al hijo de ella.
Vivimos en esta paradoja: nunca se había visibilizado más la horrible violencia contra las mujeres y niñas, pero esta no se logra parar. Es una peste que no cede, incluso en plena pandemia.
Como se grita en las marchas feministas: “Nos matan y nos violan y nadie hace nada”.
La impotencia que esto produce está creando una olla a presión que amenaza con estallar. Y que provoca, peligrosamente, el deseo de venganza, buscando chivos expiatorios o blancos donde descargar la ira.
Algunos ejemplos: la casa de la madre de Ámbar fue vandalizada, las murallas rayadas, los muebles dados vuelta y hasta le robaron. Falta aún establecer con claridad su rol en esta tragedia, pero hasta ahora ella ha declarado en calidad de testigo y no de inculpada.
Silvana Donoso Ocampo, la magistrada que presidió la comisión que otorgó la libertad vigilada a Bustamante, también ha enfrentado una situación complicada. No solo recibió funas y amenazas. La subsecretaria Carol Bown llamó a ver cómo sancionar a jueces que, “por sus ideologías, se transforman en un peligro para la sociedad”. (Luego, pidió disculpas). Y 13 diputados, mayoritariamente de Chile Vamos, la acusaron constitucionalmente, porque habría transgredido “grave y notoriamente” su deber de imparcialidad. La Corte Suprema ha respaldado a la magistrada, pues aplicó la normativa vigente en ese momento.
Y más allá de la madre y de la magistrada, incluso hay autoridades que han planteado la idea de reponer la pena de muerte, que en Chile se aplicaba desde tiempos coloniales y que fue abolida en 2001.
¿Es realmente esa la solución al cruel asesinato de Ámbar y a la violencia estructural contra mujeres y niñas?
El Colegio de Abogados puso sobre la mesa un tema clave: dice que considera “legítimas las protestas de quienes claman por justicia ante la ejecución de conductas que importan una grave afectación de género, pero ello no puede conducir jamás a justificar hacerse justicia con la propia mano, al margen de los procesos judiciales, que son la única vía legítima”.
La justicia existe justamente para evitar una espiral de violencia sin fin en la sociedad.
La filósofa norteamericana Martha Nussbaum ha reflexionado con lucidez sobre la materia. La rabia sirve para perseguir el cambio y la justicia, pero debe ser contenida y encauzada.
“La rabia pública contiene no solo la protesta frente a lo que está mal, una reacción que es saludable para la democracia cuando la protesta está bien basada, pero también posee un ardiente deseo de venganza, como si el sufrimiento de otro pudiera resolver los problemas del grupo o de la nación”, escribe en su libro La monarquía del miedo. Y analizando en su libro la famosa tragedia griega de Esquilo, la Orestíada, dice que “un orden legal democrático no puede solo poner una caja alrededor de la venganza; debe fundamentalmente transformarla de ser algo difícilmente humano, obsesivo, sediento de sangre, hacia algo humano, que acepta razones, algo que proteja la vida en vez de amenazarla”.
Es importante, especialmente en momentos como este, que quienes tienen responsabilidad pública en Chile no alimenten con la bencina de la furia las frustraciones legítimas de las personas.
No es momento de ojo por ojo ni de chivos expiatorios, ni de pensar en horcas ni hogueras.
Es el momento de cambiar un sistema entero que le falló a ella y le falla a tantas. De empujar con fuerza reformas legales, de construir urgentes y mejores políticas públicas. Y también reformar una cultura y una sociedad que se desentienden, en los hechos, del drama de la violencia contra las mujeres y niñas en Chile. D
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