El cementerio en la foto. Y el texto: “El ApruEvo y el Servel haciendo puerta a puerta”. Esa fue la publicación que el diputado Gonzalo de la Carrera (miembro de la bancada Comité Republicanos) hizo en Twitter, burlándose de personas fallecidas habilitadas para votar, como los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Un insulto a la memoria de ellos y sus familias, y siguiendo el manual del ideólogo de Trump, Steve Bannon, De la Carrera, además, siembra -sin ninguna base, prueba, dato- la duda acerca de la legitimidad del Servel y del proceso eleccionario.
Aunque algunos se han apurado a decir que no hay que agrandar este “incidente” de la Carrera, o que “no representa” a nadie, la experiencia en distintos países es que no se debe minimizar el impacto de tales declaraciones. Personas de esos sectores, la ultraderecha populista radical, que socavan -a vista y paciencia de quienes habilitaron su despliegue en el Parlamento- la credibilidad de instituciones básicas de la democracia, como es la institucionalidad electoral. Son mentiras que prenden como pasto seco entre personas que no solo le creen a De la Carrera sin cuestionarle nada, sino que -sin filtro alguno- reparten sus mensajes en Twitter, Facebook y los grupos de WhatsApp. Deslegitimar al Servel -reitero: sin base alguna- es gravísimo, pues pone en duda un patrimonio de todos y todas las chilenas, como es contar con una institución que entrega los resultados de las elecciones antes de que caiga el sol ese día, con votos bien contados y con candidatos y candidatas reconociendo el resultado y dándose la mano cívicamente antes de que se cierre la jornada. Eso es un piso democrático magnífico, un pilar común a las y los chilenos, clave en un momento histórico y complejo como este. Esa certeza y confianza en esa institución y en sus funcionarios, así como en los vocales de mesa, es algo que une, por sobre las diferencias.
Y justamente el 5 de septiembre será el momento de rescatar con urgencia eso, para encontrar los acuerdos que se requerirán si gana el Apruebo o el Rechazo. Una muy buena señal en tal sentido, de que es posible sacar adelante causas de Estado, nacionales, transversales, es que esta semana se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deuda de Alimentos. La iniciativa establece un mecanismo de pago permanente de la deuda de pensión de alimentos que mantiene el deudor con uno o más hijos/hijas, además de que el Estado asume el rol de investigar las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión o financieros del adeudado, con el fin de pagar las deudas, incluso con los fondos de pensiones.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, fue la artífice de este gran logro, que obtuvo seis votaciones con aprobación unánime, y destacó que “hemos logrado poner el bien común de la niñez y de las mujeres madres adelante”. Justamente poniendo el foco en un objetivo común, más allá de las diferencias políticas, Chile ha podido hacer historia dejando atrás el peregrinaje de las mujeres chilenas para que les pagaran los alimentos de sus hijos (el 90% de los deudores son hombres, el 80% de los demandados no paga, seis de cada 10 hogares los lidera una mujer sola). Esa realidad vergonzosa que visibilizó la pandemia, con las colas de madres afuera de las AFP, esperando poder sacar de los retiros de 10% la pensión adeudada por los mal llamados “papitos corazón”. Era una situación escandalosa, pero de larga data, naturalizada incluso: que las mujeres “apechugaran” solas con sus hijos e hijas cuando las exparejas no pagaban la pensión. O que las humillaran a ellas y a sus hijos e hijas por esos recursos. Una gestión eficaz y silenciosa de la ministra, construyendo los puentes hacia lo que une, logró un hito con votos de todos los sectores, uno que enaltece a todo el país y que es una política de Estado. Ella también reconoció, de hecho, el trabajo del gobierno y la legislatura anteriores, especialmente con respecto a la creación del Registro Nacional de Deudores de Alimentos.
En medio de un clima político confrontacional -y muchas veces tóxico- emerge entonces esta muy buena noticia, que muestra un camino posible y necesario, como es buscar la política de Estado y el fortalecimiento institucional más allá de las divisiones. Mínimos democráticos básicos.
Porque como dice Adam Kahane, experto en procesos de paz, sí se puede trabajar con personas con las que se está -e incluso se estará siempre- en desacuerdo. Se puede avanzar, dejando a un lado lo que divide y buscando la zona de acuerdo para sacar adelante lo común. Crear espacios de confluencia -desde la diferencia- en torno a causas o “misiones” comunes para avanzar y para transformar, y para proteger la democracia. Y para contrarrestar a quienes -como el diputado De la Carrera y quienes lo amplifican- intentan peligrosamente socavar las bases de lo común.
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