Columna de Paula Escobar: De mujer a mujer

Era junio de 2023. El caso Democracia Viva había estallado gracias a los periodistas de Timeline. La diputada Catalina Pérez apareció en las cámaras de televisión acusando discriminación, con indignación moral. Dijo que era una injusticia el que se intentara que una mujer pagara por lo que hizo su pareja (y su exmano derecha). “Yo no voy a aceptar que una mujer que ha construido su carrera política con mucho esfuerzo tenga hoy que responder por actos de hombres adultos”, dijo (refiriéndose a su expareja Daniel Andrade y a su exjefe de gabinete y seremi Carlos Contreras, ambos formalizados por el caso).

Ha pasado más de un año y medio, y hoy el Ministerio Público busca imputarle, en calidad de autora, tres cargos de fraude al Fisco, por los convenios suscritos en 2022 entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por $ 426 millones. A ello se suma la querella en su contra del Consejo de Defensa del Estado como cómplice de fraude al Fisco.

Y los chats conocidos hace pocos días muestran no solo que es prácticamente imposible que ella “no supiera nada”, sino que ideó todo tipo de ardides para disfrazar el caso por si “aparecía la prensa”.

“Es más importante llevar papeles para que parezca un lugar de trabajo, esas cosas. Es obvia la nota con la cámara prendida donde van y dicen: ‘Miren, aquí supuestamente trabaja la fundación y a ver. Vamos a golpear… ¡Hola! ¿Aquí funciona Democracia Viva? Sale una persona y dice: nooo, jamás lo he escuchado, y cagamos”, señala Pérez en un chat a Andrade.

Otros mensajes muestran que estaba operando desde antes incluso de que el caso saliera a la luz pública.

“Cosas nuevas que se nos han ocurrido: 1. Hablar con Carlos y meter factor administrativo y vocería del tema. 2. Hablar con abogado (de la) fundación (...) Sacar nota de la vida del exquisito. Cosas activas: ofensiva en redes sociales, conversaciones a la interna del partido”.

Tan grave como aquello, los descarados chats muestran que la victimización de género fue otra estrategia más. Pura, dura, burda, para que ella “quedara fuera”. A través de un mensaje, Andrade le avisa a su hermana y mamá la movida: “Hoy cambiamos de estrategia. Pasamos a que la Cata nos echara toda la culpa (...) Es que es un problema político. No es legal. Entonces tenemos que hacer que otros weones asuman los costos”, escribió Andrade.

Es gravísimo que una figura publica y política, más aún una electa por un partido y un gobierno que se define como feminista, use este resorte para no enfrentar su responsabilidad. Existiendo aún discriminaciones y desigualdades de género en tantos ámbitos es francamente inmoral que la diputada utilice ese argumento de género de tal manera, faltando a la verdad. No solo la daña a ella, desgraciadamente aquello puede producir -injustamente- desconfianza hacia el feminismo. Alimenta retrocesos y backlash contra la causa de la igualdad de género, hoy bajo ataque por parte de la ultraderecha global (ver los dichos de Milei mismo en Davos, el año pasado, y este, aún peor, contra el feminismo). En primer lugar, por la inverosimilitud de que la diputada pretenda que no sabía “nada” y porque tampoco fue un ataque por ser mujer. Pero en segundo lugar, porque la igualdad de género no se trata de la búsqueda de privilegios, se trata de justicia, de igualdad, de una cancha pareja. De acceder a los mismos derechos, la misma dignidad, la misma libertad. Los mismos derechos y también las mismas responsabilidades. Especialmente es así en el caso de una autoridad pública, cuyo salario se paga con nuestros impuestos, que debe estar sujeta a escrutinio y rendir cuentas de sus acciones. (Otra diputada del frenteamplismo, Maite Orsini, tampoco parece haber entendido lo que significa ser autoridad, y que ser mujer en ningún caso rebaja esa responsabilidad).

Quedan 134 años para cerrar la brecha de género en el mundo según el Foro Económico Mundial, cuya reunión anual se celebró en Davos esta semana. Es mucho lo que falta. Miles de miles de mujeres a lo largo de la historia han luchado porque las mujeres de la generación de la diputada Pérez puedan tener una vida mejor y con más derechos que antes. Ella ha deshonrado la memoria y el legado de esas mujeres al usar el género como subterfugio para justificarse.

Por último, y muy importante: mezclar el caso Convenios con una investigación acerca de un supuesto aborto de la diputada -tras la revisión de sus chats- constituye una vulneración de su derecho a la intimidad del todo inaceptable. Exponer así la privacidad de una persona es injustificable.

La diputada Pérez ha actuado mal, desconociendo principios éticos y políticos básicos (y se determinará el alcance de sus transgresiones a nivel legal). Pero ello no autoriza a desconocer estos principios en el proceso contra ella. Le dan otra oportunidad para victimizarse, pero esta vez con razón.