Columna de Paula Escobar: La PAES y la negación

Soy parte de las generaciones que del modo más público y expuesto posible conocía su resultado en la prueba de acceso a la universidad. Dos nombres y dos apellidos, número de carné y puntaje eran publicados para la posteridad en un diario de papel. Hoy, en cambio, y con toda razón, se protege la privacidad de los y las estudiantes. Esta semana se conocieron los resultados de la PAES, y jóvenes de todo Chile están eligiendo carreras, universidades y destinos, sin estar expuestos al estrés de la exposición pública de antaño.

Pero la insólita sorpresa es que el Mineduc quiere restringir el acceso a los datos que arroja la PAES, y les advirtió a las universidades que no pueden divulgar información alguna de los resultados, so riesgo de enviar los antecedentes a la Superintendencia de Educación. ¿La explicación? Supuestamente, la protección de datos personales. En un correo del 29 de diciembre, el ministerio señaló que “dado el propósito bajo el cual es capturada y compartida esta información con las universidades, sumado a que en estas se contemplan datos personales y sensibles de los postulantes, los cuales están protegidos por la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, no corresponde su divulgación con organismos externos al Sistema de Acceso, ni generar informes públicos acerca de resultados totales o parciales del proceso, o manipulación de cualquier tipo con fines distintos al desarrollo del proceso de admisión”.

¿A qué se debe esta restricción? No se sostiene mucho que se deba a la protección de datos personales, ni que sea eso lo que esté en juego. Lo que se hace con esos datos no es individualizar los puntajes, sino generar conocimiento para comprender cómo ha funcionado el proceso en los distintos colegios y regiones, y las tendencias que estos resultados están revelando. Privarse de esa posibilidad -amenazando, además, a las universidades- es dañino desde el punto de vista de la transparencia de la información, y de la libertad académica e investigativa para poder analizar con la mayor cantidad de datos posibles cómo se está comportando el sistema educativo chileno, cuáles son sus luces y sus sombras. Y se arriesga, además, el correcto acceso a la información de padres y madres para orientar sus decisiones en materia educacional. Saber cómo les ha ido a los establecimientos en la PAES es un dato de interés bastante obvio.

El Mineduc ha argumentado su decisión en el hecho de que el resultado PAES no mide calidad, como sí lo hacen el Simce y la prueba PISA, y en eso tiene la razón. Pero en una sociedad abierta, con una ciudadanía adulta, cada cual sabrá ponderar cuánta importancia le da a la PAES o no al momento de elegir la educación de sus hijos e hijas. No tiene ningún sentido “evitarles” información a los apoderados, por el riesgo de que no sean capaces de interpretar bien los resultados; obedecería a una visión paternalista y un tanto infantilizada de las y los ciudadanos.

¿Cuál es el sentido de un instructivo así, entonces?

Como no estarían en riesgo los datos personales, ni es un argumento muy válido la supuesta incapacidad de comprensión del alcance de la PAES, lo que pareciera estar subyaciendo en esta inédita medida es pensar que en ausencia de termómetro, se acaba la fiebre. Que si no se hacen rankings, no existirá la crisis de la educación pública. Y es que, a pesar de la “prohibición”, en los medios se publicó el ranking, y los resultados son, en efecto, muy preocupantes. De los 100 colegios con mejores puntajes, 97 son pagados, solo dos son públicos y uno es subvencionado. El 72% de los puntajes máximos corresponde a los colegios pagados, 17% a subvencionados y sólo 9% a colegios públicos. Queda -además- clarísimo el desastre de Atacama: tras el paro por más de tres meses, la región tuvo los peores puntajes en el promedio de las pruebas obligatorias. Y así, suma y sigue, se muestra un retrato desolador: está aumentando la brecha de la educación de quienes tienen recursos para pagar un colegio privado versus la de quienes asisten a los públicos.

Cualquier meta de desarrollo para Chile, así como cualquier proyecto de mayor justicia social, pasa por acortar esa brecha y ojalá cerrarla. Y limitar la circulación de estos datos no va a mejorar la situación, al revés: la opacidad o la negación solo agrandarán el problema. El Mineduc del ministro Nicolás Cataldo no debe restringir la información, ni temer su mal uso. El drama no son los rankings ni la información que los alimenta, sino la realidad que reflejan: que en materia educacional, la cuna sigue porfiadamente marcando destino, pese a la mayor inversión y a los cambios de políticas públicas de los últimos años. Es una crisis mayor, y que este gobierno debe enfrentar con mucha mayor urgencia y decisión que las que ha mostrado hasta ahora.