La lanzó contra la pared y usó la fuerza para someterla a tocaciones, fricciones, besos y simulaciones de acto sexual. A otra la empujó contra la cama, le bajó la ropa y se masturbó delante de ella.
Estas son algunas descripciones de los abusos sexuales graves cometidos por el cineasta Nicolás López, por los que fue condenado esta semana. (Aclaración de entrada: fui editora del reportaje sobre López realizado por los periodistas Andrew Chernin y Rodrigo Fluxá en la revista Sábado de El Mercurio, y que dio origen a la investigación de oficio de la fiscalía).
Para las denunciantes y para la sociedad chilena en su conjunto, este es un fallo emblemático por varias razones. Primero, por lo evidente: el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar lo declaró culpable -de forma unánime- de dos delitos de abuso sexual, cometidos contra mujeres que aspiraban a trabajar en sus películas.
Las valientes heroínas de esta historia, las denunciantes, fueron escuchadas y validadas. Muy destacable fue el rol de la fiscalía (especialmente de la fiscal Lorena Parra) y de los abogados querellantes de la Fundación para la Confianza, que acreditaron hechos graves y consiguieron condena. Y si bien los dos casos de violación no pudieron ser acreditados más allá de toda duda razonable, el juez fue claro en que ello no implicaba “descreer o minusvalorar el testimonio de la víctima”.
En segundo lugar, este caso también revela el largo y desgastante proceso que las víctimas han sufrido desde que decidieron denunciarlo en el reportaje, hace casi cuatro años. Especialmente por el tipo de defensa de López. La abogada del cineasta, Paula Vial, la agencia de Lobby Imaginacción y varias personas que apoyaron a López basaron su defensa en descalificar y atacar a las víctimas.
“Las denunciantes han mentido”, dijo Paula Vial en los alegatos de apertura. “Cómo se construye a un culpable que no lo es: si tuviéramos que ponerle un título a este juicio, esa sería una buena elección… Esas acciones jamás ocurrieron, su señoría”, aseguró la abogada, afirmando que las víctimas habían denunciado para obtener ganancias secundarias y fama. Lo cierto es que este proceso solo tuvo costos para ellas, en lo emocional, laboral y psicológico.
Cualquier acusado merece ser defendido, eso es obvio. Pero cabe preguntarse qué tipo de defensa es legítima. La utilizada en este juicio es inaceptable y bien podría ser un caso de estudio en materia de revictimización. El Colegio de Abogados y Abogadas algo tendría que decir al respecto. Que además la abogada Vial se declare feminista, lo hace aún más grave.
Adicionalmente, la abogada y la empresa Imaginacción ignoraron el respeto básico al rol de la prensa, intentando socavar y descalificar reiteradamente la credibilidad de la investigación periodística, sosteniendo que esto era un montaje del equipo periodístico, en una “verdadera cruzada por encontrar al Harvey Weinstein chileno” (alegato de apertura de Paula Vial).
Este caso plantea cuestiones fundamentales hoy, cuando la violencia de género está desatada. Durante la pandemia recrudeció dentro de los hogares, y hoy la vemos en colegios y espacios públicos. Nuestras universitarias -que en el mayo feminista de 2018 marcharon por las calles con tanta fuerza- hoy no pueden subirse al Metro tranquilas, por miedo a que las roben, acosen, abusen a la salida.
Para enfrentar esta violencia, veredictos como el del caso López son muy significativos. Pero es imprescindible que se agilice la tramitación de la Ley de Violencia integral contra la mujer, impulsada en el segundo mandato de la expresidenta Bachelet, que aún no ve la luz. Solo así, conductas inaceptables -pero que hoy no son consideradas delictivas- sí tendrán sanción penal, además de poder poner al día las penas por cometer violencia sexual y de género.
Hay un desfase entre el daño que provoca un abuso sexual y la sanción que este suele tener.
En el caso López, la fiscalía pide cinco años y un día de presidio. La gravedad de los hechos acreditados haría incomprensible que no cumpliera pena de cárcel. Dada la legislación actual, la clave para que ello suceda es si se le reconoce o no como atenuante su colaboración sustantiva en el proceso. Una persona como López, que siempre negó los hechos, y que entregó su teléfono con más de dos mil mensajes borrados (que fueron recuperados por peritos de la PDI) difícilmente puede calificarse como “colaborador” en el proceso.
“Hoy, luego de siete años, me iré a la cama en paz…”, escribió María Jesús Vidaurre, una de las víctimas de López, tras conocer el veredicto.
Ojalá este caso marque un antes y un después, para que dormir tranquilas, sin miedo a sufrir violencia o a denunciarla, sea un derecho realmente efectivo.
Cómo y cuánto pague López por estos delitos tendrá un peso sustantivo en tal sentido. El 16 de mayo el tribunal resolverá.
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