Dos periodistas de este diario han sido funadas, hostilizadas y amenazadas en redes sociales tras la publicación de chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler. Hay que partir señalando que la diputada Cariola merece toda empatía por haber sufrido lo que ninguna mujer en trabajo de parto se merece: la Fiscalía deberá explicar por qué interrumpió con esa violencia un momento que debiera ser sagrado, protegido y seguro para madre e hijo. Dicho eso, siendo la diputada Kariola una relevante autoridad pública, la prensa tiene el derecho y el deber de publicar aquello que considere de interés y relevancia pública, de acuerdo a criterios y estándares editoriales, de los cuales también rinde cuentas. El quehacer periodístico, por cierto, puede ser debatido y criticado, y se rige por un marco legal y ético. Pero lo que han recibido estas periodistas de parte de hordas de trolls anónimos -y de personas que desgraciadamente se han comportado como tales- no es una crítica racional, sino la irracionalidad completa; una maniobra amenazante destinada a causarles daño reputacional, profesional y de salud mental. No son solo insultos, que ya es grave; sus direcciones han sido publicadas, con lo cual su seguridad personal está en riesgo.
Atacar así a periodistas mujeres es, desgraciadamente, un patrón que se verifica en muchas partes del mundo. Un ensañamiento, bordeando el discurso de odio y la incitación de la violencia. El objetivo -según, entre otras, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la ONU- es intimidar, silenciar y excluirlas de los espacios públicos y los puestos de poder. Y el impacto es masivo: el 73% de las mujeres periodistas ha sufrido violencia en línea, según un estudio de Unesco y el ICFJ (Centro Internacional de Periodismo). Sólo el 25% denuncia, y la respuesta más común es autocensurarse —un 30%—, mientras que otras dejaron de interactuar en línea (20%).
Peor aún a la autocensura o a la autoexclusión, esta violencia digital habilita la violencia que puede ocurrir en la vida real. Es una amenaza seria. El mismo estudio Unesco muestra que un 20% de las periodistas admitió haber sido agredida o maltratada en relación con las amenazas recibidas en línea, mientras que un 13% aumentó sus medidas de seguridad de manera física. La destacada periodista mexicana Carmen Arístegui lo sufrió. Un estudio de su caso del ICFJ revela que una vez fue “asesinada” en redes sociales; luego vinieron los ataques off line, incluyendo posters con la foto de su hijo. «Todos estos incidentes parecen diseñados para aniquilar simbólicamente a Arístegui, atacando lo más querido para ella: su familia, su credibilidad profesional y la confianza en su periodismo de rendición de cuentas». La escritora argentina Claudia Piñeiro también ha recibido gravísimas amenazas. ”Me han mandado videos por Twitter donde a una mujer la violan, y escriben: esto te va a pasar a vos… Todo ese tipo de cosas ya no se pueden denunciar más en Twitter, y tampoco le importa mucho a la sociedad. Eso es lo grave”.
Las políticas que han eliminado la moderación de contenidos en redes sociales han potenciado estos ataques. Y reina el miedo. Solo un 5% de las mujeres considera que X (ex Twitter) es un lugar seguro para dar sus opiniones en el caso de las mujeres, 7% en el caso de TikTok, 9% en YouTube y un 11% en el caso de Facebook, según el estudio Cátedra Mujeres y Medios UDP/Criteria 2025.
La consecuencia de todo esto es seria, y para toda la sociedad, no solo para las periodistas. Esto produce un temor colectivo hacia la participación en la esfera pública. Lo dijo con toda claridad la Asociación Nacional de la Prensa chilena: “Como en muchos casos de violencia personalizada contra miembros de la prensa, los ataques se concentran en mujeres periodistas. Esta lamentable realidad refuerza la necesidad de abordar la discriminación de género que persiste en distintos ámbitos y de proteger a quienes se desempeñan en medios de comunicación”.
El ingreso masivo de las mujeres en la escena de lo público, uno de cuyos espacios clave es la prensa y los medios de comunicación, ha sido paulatina, difícil, y se han logrado grandes avances en las últimas décadas. Pero persisten brechas. Y estos métodos arteros intentan expulsarlas, creando dudas y resquemores en quienes sopesan el costo versus el beneficio de exponerse públicamente. Que las redes sociales en cuestión no tomen medidas para parar esto amerita que desde la política pública se piensen soluciones que, sin coartar la libertad de expresión, impidan esta especie de sicariato. Y se requiere que desde la sociedad completa se condene esta violencia digital contra mujeres periodistas, más allá de cualquier diferencia.
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