Los datos y las estadísticas son las semillas que permiten que las políticas públicas echen raíces firmes. En las áreas de la discapacidad y la dependencia el Estado de Chile tenía un compromiso pendiente, puesto que las últimas estimaciones en torno a ambos asuntos eran de 2015 y 2009, respectivamente. Urgía una actualización que incorporara en un mismo instrumento las temáticas de discapacidad y dependencia, considerando las más recientes recomendaciones de la OMS en la materia, ampliando la medición de la dependencia funcional a partir de los 18 años (hasta ahora, el país solo contaba con datos a partir de los 60 años), teniendo protocolos de inclusividad en las entrevistas e incorporando la participación directa de niños, niñas y adolescentes en la encuesta.
La sociedad civil organizada demandaba una radiografía del Chile actual que permitiera avanzar en garantías y derechos para quienes, en muchos casos, han vivido el estigma y la exclusión. Hace algunos días el Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022, que permitirán avanzar en políticas públicas más efectivas orientadas a mejorar el bienestar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, con un foco especial en las personas mayores, niños niñas y adolescentes y en quienes ejercen labores de cuidado.
La encuesta muestra que 2.703.893 personas de 18 años o más tienen una discapacidad en Chile, lo que equivale al 17,6% de la población. Cuando se usan métodos comparables, este porcentaje es similar al de 2015. Entre quienes tienen discapacidad, casi un millón setecientos cincuenta mil personas (11,4% a nivel nacional) tienen una discapacidad severa.
Del total de personas con discapacidad, 1.498.977 están en situación de dependencia (9,8% de la población), es decir, requieren que una o más personas de su entorno les provean asistencia para mejorar su funcionamiento, realizar actividades y participar en la sociedad.
A pesar de que la gran mayoría de las personas mayores son independientes (77,8%), los resultados de ENDIDE evidencian que las personas mayores y aquellas que viven en hogares con menores ingresos tienen mayores probabilidades de tener una discapacidad y de estar en situación de dependencia. Por otro lado, quienes tienen una discapacidad muestran, en comparación a aquellas sin discapacidad, un menor número de años de escolaridad (10 vs 12,2), una menor presencia en el mercado laboral (43,9% vs 68%) y viven en hogares con menores ingresos autónomos per cápita ($234.466 vs $296.030). El mismo escenario encontramos en los resultados de dependencia. Las personas en el quintil de mayores ingresos tienen probabilidades significativamente menores de presentar alguna dependencia y esta probabilidad aumenta a medida que disminuye el ingreso per cápita del hogar. Estas diferencias socioeconómicas son especialmente marcadas en personas mayores de 60 años y muestran que la desigualdad de ingresos impacta notoriamente en la autonomía diaria. Finalmente, los datos de ENDIDE evidencian importantes brechas de género, que requerirán un análisis detallado. Tanto la discapacidad como la dependencia se presentan en mayor medida entre las mujeres que entre los hombres, en todas las etapas del ciclo de vida y en todos los niveles de ingresos.
Además de medir discapacidad y dependencia, la Encuesta ENDIDE permitió indagar en las necesidades de cuidado de personas con dependencia. La caracterización de estas personas estará disponible durante marzo de 2023, pero desde ya se ve en los datos que, a pesar de la cantidad de personas que requieren cuidados, un 41,3% de ellas no cuenta con un cuidador o cuidadora que le preste asistencia permanente, mientras que un 41,5% cuenta con esta asistencia exclusivamente por parte de otra persona en su hogar. ¿Cómo cuidamos a esas personas que requieren cuidados permanentes y hoy no lo reciben?, ¿cómo cuidamos a quienes cuidan a otros integrantes de su hogar?
En el marco del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tenemos el compromiso de avanzar en un proyecto de ley marco del Sistema Nacional de Cuidados. En este contexto, desde nuestro ministerio implementamos un módulo de cuidados en el Registro Social de Hogares para que las personas cuidadoras puedan registrarse y acceder a una oferta pertinente y preferente para ellas. Este es el primer paso en el reconocimiento de una labor que poco a poco se ha ido visibilizando y que como gobierno entendemos como un trabajo, no solo de las mujeres, sino de la sociedad, en un mandato de corresponsabilidad entre el Estado y las familias.
A partir de los nuevos datos provistos por ENDIDE, el Sistema Nacional de Cuidados tendrá raíces fuertes. Sobre esta nueva base, nuestro desafío y compromiso es seguir trabajando por la igualdad de oportunidades, inclusión, acceso, protección y garantía de derechos.
Por Paula Poblete Maureira, subsecretaria de Evaluación Social
