El 17 de octubre ingresó el proyecto de ley que “fortalece el Ministerio Público” (Boletín 16374-07), y que busca modificar diversos cuerpos normativos para incorporar 819 nuevos funcionarios a la Fiscalía, para alcanzar una dotación de más de mil fiscales en cuatro años. El proyecto tiene tres grandes fundamentos: primero, la existencia de nuevos desafíos derivados del aumento de homicidios, del uso de armas de fuego en estos, y de la existencia de indicadores de crimen organizado; segundo, el incremento de casi un 200% en el número de causas ingresadas entre 2006 y 2022; y, por último, la necesidad de dar mayor atención a víctimas y testigos.
El objetivo del proyecto es sin duda destacable, y es a todas luces deseable un Ministerio Público más robusto y eficaz en la persecución penal. Pero para que ello sea una realidad, la inyección de recursos debe venir acompañada de algunos elementos indispensables.
Este es el segundo gran aumento de dotación de fiscales que se realiza en el último tiempo. El primero de ellos ocurrió en 2015, a través de la Ley 20.861, que incorporó 577 nuevos funcionarios a la Fiscalía. Sin embargo, el proyecto actual no analiza cuál fue el impacto de dicha modificación en la gestión de causas, en la atención a víctimas y en la eficacia del sistema, lo que parece indispensable a la hora de engrosar significativamente la dotación de un servicio público como este. En ese sentido, es deseable que este importante aumento tenga mecanismos claros y transparentes de rendición de cuentas, que permitan hacer seguimiento al impacto de la modificación y a focalizar adecuadamente los recursos (humanos y económicos).
Además, y puesto que el foco de la nueva dotación es hacer frente a la criminalidad violenta con imputados desconocidos, es indispensable que se genere un diseño institucional propicio para que esos nuevos funcionarios/as intervengan directamente en las primeras diligencias, pues hoy sabemos que son indispensables para el éxito de la investigación. Se debe poner atención a que el aumento de las dimensiones del servicio colabore, y no entorpezca, en una gestión más eficiente del mismo. Asimismo, esa dotación adicional es un desafío para hacer frente a los efectos de la nueva ley de delitos económicos, lo que requerirá no sólo más fiscales, sino también mejor preparación y permanentemente capacitación.
Finalmente, no debe olvidarse que un sistema acusatorio como el nuestro depende en buena medida de la igualdad de armas entre el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, por lo que todo fortalecimiento (eficiente) del primero debe venir de la mano del aseguramiento de una adecuada capacidad de reacción de la segunda. Para que el sistema de persecución sea no sólo eficaz, sino también justo y legítimo, debe fortalecerse y asegurarse este equilibrio, sin dejar de lado la preocupación fundamental por el aumento exacerbado y galopante en el uso de la privación de libertad, en un sistema carcelario que no está a la altura. Mayor y mejor persecución es un desafío que debe ajustarse a estos estándares democráticos.
Por Paula Vial, abogada
