En el Ministerio Público (MP) se ha iniciado la búsqueda de quien lo liderará y es una oportunidad, sin duda, para realizar cambios imprescindibles, reorientar o perfeccionar áreas y líneas de trabajo. Sin ninguna pretensión de exhaustividad ni de pauteo, parece adecuado esbozar desafíos.
Si bien la crisis de institucionalidad es transversal, sin duda ha afectado grave y profundamente al MP, por lo que el punto de partida del nuevo o nueva fiscal nacional debe ser la inversión en la recuperación de la credibilidad y confianza institucional. Esto supone comunicación con la ciudadanía, tanto en cuanto a contar con políticas claras de persecución penal, como en cuanto a la recepción y atención a los usuarios y la conexión con las necesidades de las víctimas. Se requiere mejorar la velocidad de respuesta y de gestión de las causas, y para ello debe denunciarse la precariedad de muchas instituciones relacionadas, colaborando activamente en la solución de aquello. Urge la incorporación decidida de la perspectiva de género, pero sin cliché, para que se convierta en una herramienta de perfeccionamiento del sistema y no en un lugar común que no aporte al mejor trato de la víctima ni al mejor resultado de la investigación, perspectiva que debe hacerse extensiva también a las imputadas, particularmente en relación a la privación de libertad.
No obstante ser un organismo relativamente nuevo, en los últimos años se ha observado una merma en las capacidades investigativas, evidenciándose en que los resultados se sostienen principalmente por flagrancias. Mucho más evidente es aquello en relación a las nuevas formas de criminalidad, especialmente en materia de delincuencia organizada, ciberseguridad, trata de personas y delitos económicos complejos, por lo que resulta urgente avanzar en líneas de formación, coordinación y desarrollo de estrategias de persecución inteligente y herramientas de pesquisa, con perspectiva territorial, con coordinación entre las fiscalías, además de trabajo multidisciplinario, dada la complejidad del fenómeno, con articulación con la UAF, la FNE, el SII y otros organismos públicos.
La conducción debe orientarse también a la posibilidad de actuar coordinadamente con las policías, y de mancomunar esfuerzos en la persecución de los delitos y en los éxitos investigativos. Debe dirigirse la gestión al respeto del debido proceso, actuando con lealtad pública y privadamente con el imprescindible rol de la defensa, permitiendo e incluso alentando el liderazgo decidido de sus fiscales en el gobierno de las tareas de investigación, aunque sin exaltar individualismos ni las “figuras” que litigan por redes y conviven con el peligroso populismo.
Finalmente, el o la próxima fiscal nacional deberá hacer ingentes esfuerzos orientados a mejorar la distribución de las cargas de trabajo al interior del MP, a desarrollar herramientas para un trabajo en condiciones dignas, con buen clima y trato laboral, con respeto por el tremendo aporte que realizan sus funcionarias y funcionarios, y con transparencia y equidad en las decisiones sobre sus carreras.
Los desafíos son muchos, urgentes e imprescindibles. Este es el tiempo de llevarlos a cabo.
Por Paula Vial Reynal, abogada
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