Un niño de 13 años es acusado de matar a una compañera de curso. Su nombre es Jamie (caracterizado por el actor Owen Cooper). Va al colegio y vive con su familia. Esa es la trama de la nueva serie de Netflix titulada “Adolescencia”. En cuatro capítulos desnuda el drama universal que significa criar -en un mundo digital- a niños y niñas que hablan más por RR.SS. que con sus familias. En la primera semana la serie tuvo 60 millones de descargas.

Un niño de 11 años en Chile participó de un robo de celulares en un mall. No es una serie. No es ficción. Se sube a la micro para arrancar. No conocemos su situación familiar, pero sí sabemos que debería estar en el colegio y no en la calle. ¿Y el resto del grupo? Cinco personas son adolescentes menores de 18 años. La mamá de uno de ellos declaró que su sueño es que el hijo llegue a la universidad y sea una buena persona y profesional.

La adolescencia es definida por el Comité de los Derechos del Niño (Observación General 20) como “una etapa del desarrollo humano única y decisiva, caracterizada por un desarrollo cerebral y un crecimiento físico rápidos, un aumento de la capacidad cognitiva, el inicio de la pubertad y de la conciencia sexual, y la aparición de nuevas habilidades, capacidades y aptitudes”. Agrega que las y los adolescentes “experimentan un aumento de las expectativas en torno a su papel en la sociedad y entablan relaciones más significativas con sus pares a medida que pasan de una situación de dependencia a otra de mayor autonomía”. Son, en resumen, personas en formación y serán los adultos de mañana.

En plena campaña presidencial en Chile, veremos la tentación de la política por ofrecer mano dura frente a los casos de adolescentes involucrados en delitos: que entren a la cárcel antes de lo que la ley actual establece, proponiendo bajar la edad a los 13, 12, ¿11 años? Y que les espera en la cárcel: ¿educación, salud, reinserción social? Sabemos que no.

El nuevo Servicio de Protección Especializada a la Infancia y Adolescencia (ex Sename) tiene por misión proteger a la infancia y adolescencia de la vulneración de sus derechos como son el maltrato, las violencias, abusos y negligencias que provienen de sus propias familias. Los tribunales de familia los derivan a programas que ejecuta el sector privado bajo la supervisión del Estado. Entre 2020 y 2024 se duplicaron los nuevos ingresos de niños, niñas y adolescentes con medidas de protección: pasaron de 76 mil a 156 mil, respectivamente. Hay un aumento sostenido de personas recién nacidas hasta los 17 años que, sin cometer delito alguno, deben ser alejados de sus familias que son la mayor amenaza a su vida o integridad.

Chile vive una crisis de natalidad donde se espera que en 2026 puedan morir más personas de las que nazcan. Debemos implementar servicios y programas altamente eficaces para sanar, proteger, reinsertar y dar una segunda oportunidad a quienes han sido abandonados por padres y madres que no quieren o no pueden darles amor y un hogar que los proteja.

Por Paula Walker, profesora Magíster Políticas Públicas, Universidad de Chile