Cajas de mercadería que dicen aceite vegetal, Carozzi, pure de papás, duraznos en mitades. Son 89 y están apiladas, sin ningún orden. Para aprovechar el espacio se encumbran hasta el techo, y aplastan a las que están abajo. Escrito en las cajas dice que son osamentas recogidas en distintos lugares y que pertenecen a personas detenidas, ejecutadas y hechas desaparecer por funcionarios del Estado tras el golpe militar de 1973 en Chile.
Las imágenes de las cajas que contienen restos de personas son estremecedoras. Porque son cajas feas, por el desdén con las que fueron guardadas, por el olvido, porque no les dijeron una sola palabra a las organizaciones de familiares que llevan 50 años buscándolos. Los restos fueron encontrados a principio de la década de 2000 y por razones difíciles de entender permanecieron más de 20 años sin ser sometidas a análisis para saber a quiénes pertenecían.
En el reportaje de Informe Especial emitido hace unos días, en el contexto de los 50 años del golpe cívico militar, hablan familiares que siguen buscando a sus padres, hermanos, hijos, tíos. Lloran al ver las cajas que tal vez contienen sus restos. Necesitan saber por qué los mataron, cómo vivieron sus últimos días, quién dio la orden, cómo estaban antes de la muerte, qué conversaron, en quién pensaban, cómo se despidieron, si dejaron algún mensaje. Pero, sobre todo, quieren reencontrarse y dejar de buscarlos. Devolverlos a la tierra que amaban, a la casa familiar, tenerlos cerca para rendirles homenaje y seguir llorándolos, esta vez en paz.
Un destacado funcionario del gobierno me dijo que en esta conmemoración de los 50 años lo que más le impresionaba era cómo los gobiernos -desde Aylwin hasta Piñera- evitaron con elegancia a las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Las habían escuchado sin oírlas, habían iniciado procesos de búsqueda a medias, dejando esos intentos sin presupuesto y sin responsables que rindieran cuenta de sus avances. Por mientras, la esperanza de sus familias recibió una y otra vez medias verdades, errores y compromisos inconclusos.
Este 30 de agosto, cuando ha pasado medio siglo desde sus ejecuciones, el Presidente Gabriel Boric anunciará el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas a mano de agentes del Estado entre 1973 y 1990. La negligencia del Estado se intentará reparar con compromisos institucionales y económicos. Por primera vez será el Estado quien asuma esa búsqueda. Ya no serán las familias las que irán de puerta en puerta buscándolos, será el Estado quien encuentre la información necesaria para saber, entender y encontrar lo que nunca debió desaparecer.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, no hace esperar ni evita a las familias. Se reúne con ellas, les explica y les pide un poquito de confianza esta vez. Él dice que esta es la responsabilidad más importante que el Presidente le ha delegado: será el Estado (actual y el que venga) quien encuentre, explique y repare tanto dolor. La memoria está más viva que nunca.
Por Paula Walker, profesora Escuela de Periodismo Usach
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