Tenemos un problema que nos afecta a todos y todas. La salud en Chile está colapsada. Siempre ha sido la salud para los pobres la que vive colapsada, y ahora es la crisis de salud para los que más tienen la que amenaza con derrumbarse.
No es fácil entender lo que pasa. Las Isapres han tenido durante años varias alertas rojas. Pero no las quisieron abordar. Tempranamente, supimos que el negocio conveniente era atender a personas sanas y discriminar por sexo y edad. El mejor ejemplo es que había planes “sin útero” porque si las mujeres se embarazaban eran caras. Nuestros hijos e hijas, hasta que cumplieran 2 años, eran muy caros. Las personas mayores no podían entrar a la Isapre porque (vaya novedad) tenían enfermedades preexistentes. Podría seguir dando tantísimos ejemplos.
En estos años, la fuga de profesionales de salud desde el sector público al privado ha sido masiva. Tienen una mejor oferta económica, infraestructura y desarrollo de carrera. Mientras el sector público atiende a todas las personas, el presupuesto público no alcanza para mantener hospitales, renovar equipos o mejorar salarios. Cada gobierno democrático ha puesto dinero en la salud dependiendo de la mirada ideológica. Unos construyeron hospitales, otros quisieron bajar las listas de espera utilizando las clínicas privadas o se fortaleció Fonasa o se debilitó la Superintendencia de Salud para no regular tanto. Hoy estamos en suma cero y con los mismos problemas de hace décadas.
Entre medio, el negocio de la salud privada se fortaleció y quienes tenían Isapres también tenían clínicas o los que compraban clínicas de yapa se llevaban la Isapre del grupo. Eso que se conoce como “integración vertical” ha sido una causa más del desorden financiero que tienen hoy. Parece que a las autoridades regulatorias nunca les pareció raro este concubinato entre Isapres y clínicas.
En 2011 el Tribunal Constitucional emitió un fallo emblemático: el sistema privado de salud vulneraba el derecho a la salud y afectaba la igualdad entre hombres y mujeres con estas alzas discrecionales de los planes. La Superintendencia hizo una circular obligatoria que, obviamente, nadie cumplió. Muchos de los superintendentes de Salud de entonces están ligados al sector privado. Las Isapres siguieron con su negocio por 10 años, sin cambios.
No le hicieron caso al Tribunal Constitucional, ni a la Superintendencia ni al Ministerio de Salud. Fue la Corte Suprema quien emitió un fallo que ha puesto límites a una industria que más o menos hacía lo que quería. Las Isapres, acorraladas por la Justicia, amenazan ahora con la quiebra, el cierre de clínicas y el impacto al sistema público.
Es el momento de mejorar la salud para todas las personas. Sistema público y privado pueden complementarse y construir un sistema mixto con reglas claras y solidario. La solidaridad no puede ser solo para salvar Isapres, sino para robustecer el derecho que tenemos todos a una salud que cuide, sane y salve vidas.
Por Paula Walker, profesora Magíster de Políticas Públicas, Universidad de Chile
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