Un fiscal. Una ministra del Interior. Un canciller. Un exmilitar disidente. Dos gobiernos. Una banda de crimen organizado. Estos son algunos de los ingredientes de la oscura trama del asesinato de un exmilitar venezolano en Chile que habría tenido un móvil político. Según investiga la fiscalía chilena, un integrante del gobierno venezolano habría mandado a matar -en territorio nacional- a un exmilitar que era opositor al gobierno de Maduro.
En un operativo conjunto, el Estado chileno realizó un allanamiento y captura de algunos integrantes de la banda Los Piratas de Aragua, una mezcla de venezolanos y colombianos dedicados a los homicidios, extorsiones, asesinatos, trata de personas y lo que genere dinero como parte del crimen organizado. Se escondían en una toma en Santiago a 20 kilómetros del Palacio de La Moneda. El operativo de la justicia y las policías, además del apoyo político y financiero del gobierno, develó una hebra que era una sospecha, pero puede volverse una realidad: la intromisión de un gobierno extranjero, durante la madrugada de una noche de febrero, para asesinar y ocultar el cuerpo de un refugiado del gobierno chileno.
Aunque la descripción anterior se parece a un episodio de la serie Lioness de Paramount, vivimos un país que nos cuesta reconocer en medio de tanta violencia y despliegue de crímenes brutales. Tras el operativo exitoso, el gobierno habla de la detención de al menos 300 personas vinculadas a bandas como el Tren de Aragua, Los Piratas, Los Gallegos, el Tren del Coro y el Tren del Mar, en los últimos meses. Bajo nuestra nariz, a la vuelta de la esquina, en las ciudades que habitamos, se despliega una violencia que no conocíamos y que atemoriza.
Esta semana el gobierno, a través de la ministra del lnterior Carolina Tohá, logró aprobar el nuevo Ministerio de Seguridad Pública después de casi 20 años de discusión política que atravesó los gobiernos de la Presidenta Bachelet, el Presidente Piñera y el actual Mandatario. Un ministerio que tendrá dos subsecretarías (una de seguridad pública y otra de prevención del delito), una agencia de ciberseguridad, unidades de trabajo para crimen organizado, terrorismo, resguardo fronterizo, atención a víctimas, innovación tecnológica, prevención social, entre otras. Un ministerio que debería reclutar a especialistas, exigir perfiles técnicos independiente de su color político y del gobierno de turno, para desplegar una carrera de servicio público experto, que asegure una institucionalidad de primer nivel.
Cuando el Estado chileno es capaz de coordinarse, tener objetivos comunes, actuar con profesionalismo y pensar en la seguridad como una condición principal para el desarrollo, se pueden develar cuestiones escabrosas como el caso del teniente Ojeda y las consecuencias que tendrá. Por asombroso que parezca el caso, es preferible tener los ojos bien abiertos, la cabeza despejada, el liderazgo firme e instituciones profesionales para enfrentar los tiempos complejos que vivimos, en vez de dar rienda suelta a la opinología partidaria.
Por Paula Walker, profesora Magíster de Políticas Públicas, Universidad de Chile
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