Hablar sobre abuso sexual es doloroso, difícil. Las familias que lo han vivido en su interior se destruyen: una parte lo niega, defiende al victimario y acusa que la víctima lo inventa. La persona afectada y el entorno que la apoya, sufren doblemente: porque hubo abuso y una parte de esa familia no lo puede aceptar. Imaginen ese abuso sexual en un niño o niña.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el abuso sexual infantil como el involucramiento de un niño, niña y/o adolescente en una actividad sexual que no comprende, con una persona mayor en una relación asimétrica de poder o confianza. El abuso tiene por objetivo satisfacer las necesidades de la persona que se encuentra en esa posición de privilegio. No se trata de juegos cariñosos, no son provocaciones de “niñas agrandadas”, no son maneras de llamar la atención por parte de las víctimas.
Tras el abuso, las víctimas suelen sufrir trastorno de estrés postraumático, recuerdos angustiosos recurrentes, alteraciones del estado de ánimo, disminución del interés por actividades significativas, comportamiento irritable, problemas de concentración, entre muchos otros síntomas.
El caso de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador de la UDI Javier Macaya, ha demostrado cómo el abuso sexual infantil puede ser relativizado, ninguneado e incluso desacreditado en la sociedad. Según un estudio de la Fundación Amparo y Justicia de 2023, con datos del Ministerio Público, entre los años 2006 y 2022 se ha registrado un alza sostenida de las denuncias que incluye a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. En 2022, hay cerca de 38 mil denuncias solo en las fiscalías a lo largo de Chile.
La política, la justicia, el Estado de Derecho, los tratados internacionales, la ciencia han participado activamente en levantar un dique moral y legal, con datos e investigaciones, para proteger a las víctimas de abuso sexual. Durante los gobiernos de la Presidenta Michelle Bachelet y del Presidente Sebastián Piñera, se fortaleció la institucionalidad que protege a la infancia. Se promulgó en enero de 2018 la Ley 21.057 que “Regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales”, protegiendo su identidad, asegurando el derecho a ser oídos, previniendo la victimización secundaria y resguardando su dignidad. En julio de 2019, se aprobó la Ley 21.160 que “Declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad”. En esta ley, dos representantes de la UDI se abstuvieron: los entonces diputados Javier Macaya y María José Hoffmann. El resto de la bancada del mismo partido apoyaron la ley.
Hay cuestiones que son indiscutibles, independiente de la posición política que se tenga. La sociedad deberá velar una y otra vez para proteger a la infancia y adolescencia de estos delitos. No es un invento del gobierno de turno, es una convicción de quienes detentan autoridad y privilegian realmente el interés superior de niños y niñas por sobre cualquier otra consideración.
Por Paula Walker, profesora Magíster de Políticas Públicas Universidad de Chile
