Era primavera de 2007 en Puerto Montt. Un grupo de adolescentes bajo la custodia del Sename, es decir del Estado de Chile, prendió fuego a sus colchones en protesta por los malos tratos. Murieron quemados 10 niños entre 13 y 17 años. El sumario del Sename terminó en sobreseimiento. La fiscalía inició una investigación penal que acabó en nada, con beneficios para funcionarios del centro Tiempo de Crecer y suspensión provisional del procedimiento, extinguiéndose la acción penal. Nunca hubo sanción. Ha sido la justicia internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien logró algo de justicia para los niños y sus familias en la corte respectiva. La conclusión fue que el Estado de Chile no investigó, no juzgó y no sancionó este crimen. Obviamente, aún no hay reparación.
Esta semana, ocho niños y niñas entre 4 y 13 años murieron quemados en Coronel. Vivían con sus familias, en un campamento. Eran venezolanos. Por el nivel de hacinamiento murieron junto a seis adultos y sus vecinos no los pudieron salvar. El impacto ha movilizado desde el Presidente de la República a los miembros del Senado que hicieron un minuto de silencio. El alcalde decretó dos días de duelo. Llegó al lugar la delegada presidencial, seremis y policías. La cobertura de los medios ha sido importante, viajaron una ministra y dos subsecretarias e incluso su mismo compatriota -el embajador de Venezuela- llegó hasta el lugar. Todos están conmovidos.
En la región hay, según el Ministerio de Vivienda, otros 156 campamentos donde viven familias con niños y niñas chilenas y extranjeras. Las preguntas resultan obvias: ¿están todos los niños y niñas en la escuela? ¿Tienen todos los niños y niñas extranjeros sus visas según lo establece la ley de migraciones? ¿La embajada de Venezuela está desplegada apurando los trámites para que sus compatriotas tengan papeles en Chile? ¿El seremi de Educación del Biobío promueve en los 156 campamentos que los niños y niñas asistan a la escuela? ¿Hace lo mismo el seremi de Salud con los controles, vacunas, y otras acciones de prevención y atención? ¿Qué hizo la oficina local de niñez o los programas municipales con estos niños y otros de los 156 campamentos? ¿Cómo está gestionando el Ministerio de Vivienda el peligro inminente de miles de familias en esos 156 campamentos? ¿Y la empresa privada, ENEL, dueña del terreno, cómo ha tratado esta toma y qué acciones realiza para buscar una solución?
Es probable que la respuesta a estas preguntas (y otras tantas) muestre el principal problema con respecto a los temas de infancia: se abordan por separado, nadie quiere tratar a los niños indocumentados, irregulares, migrantes, abandonados, pobres. Son los organismos del Estado los que deben trabajar por la infancia y sus familias en las respectivas políticas públicas y programas, sin ignorarlos o elegirlos.
Hablar de niños, niñas y adolescentes queda bien en los discursos, pero no ha sido parte de la gestión integral del Estado ni de los gobiernos de turno.
Por Paula Walker, profesora Magíster Políticas Públicas, Universidad de Chile
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.