El caso de Democracia Viva ha despertado razonables dudas respecto a la forma en que se asignan territorialmente los bienes y servicios. Sin embargo, es necesario reconocer que el problema de la distribución está lejos de agotarse allí.
El asunto de la distribución de fondos y servicios es particularmente complejo y, por lo mismo, ha estado históricamente en el centro del debate académico. En las últimas décadas han surgido importantes contribuciones que nos muestran que la asignación de recursos suele estar distorsionada por motivos políticos y electorales. En China, por ejemplo, se ha sugerido que el lugar de nacimiento de las autoridades explica parte de la inversión en construcción y desarrollo (Lu and Wang, 2019). En Estados Unidos, que las primarias y elecciones generales impactan en la distribución de determinados programas federales (Bickers and Stein, 1996). En Grecia, que la proximidad de las elecciones nacionales incide en una mayor distribución de fondos hacia los municipios (Psycharis et al., 2020). En Chile, que las elecciones locales impactarían en la distribución territorial de fondos (Lara E. & Toro M., 2019; Livert & Gainza, 2018). Y, así, un interminable suma y sigue.
Pese a que en nuestro país contamos con instituciones sólidas que nos ayudan a enfrentar estos problemas, la evidencia confirma la peligrosa extensión y complejidad del fenómeno. Por ejemplo, aunque sea innegable la distribución desproporcionada a autoridades locales alineadas con el nivel central, el solo asunto de los intermediarios está lejos de agotarse allí. En un trabajo aún en progreso, hemos comprobado empíricamente que ciertos fondos serían capturados no necesariamente por la autoridad comunal, sino más bien por representantes con mayor capital político (como diputados y senadores). Hallazgos que, por lo demás, son consistentes con investigaciones etnográficas aplicadas previamente en Chile.
Entonces, ¿qué elementos debemos trabajar para enfrentar este problema multidimensional? Pues la evidencia chilena suele mostrar que las distorsiones se profundizan en los gastos no-programáticos, es decir, aquellos controlados sin mayores limitaciones por las autoridades y cuyos controles suelen recaer en el nivel subnacional. Pese a que siempre exista un trade-off entre agilidad y transparencia, todo indica que la discrecionalidad (ya sea del nivel central o regional) es una buena aliada de la corrupción. Al respecto, lo primero que debemos considerar es que el problema asociado a los gastos no-programáticos no depende solo de la existencia de criterios previos de distribución, sino que también del grado de claridad y publicidad de esas condiciones. Y, lo segundo, que poco servirá la transparencia y el tránsito a una distribución programática si no existe real exigibilidad. Y acá, tal como se ha discutido a propósito de los procesos de colusión entre privados, la cárcel efectiva pareciera ser esencial a la hora de enfrentar la distorsión en la asignación de bienes púbicos.
Con todo, debemos comprender que el problema de la distribución no se reduce a la eficiencia en el gasto, sino que también afecta aspectos algo más profundos. El estudio ya referido de Carla Alberti y colegas nos muestra las consecuencias en los niveles de delincuencia, pero las distorsiones podrían incluso trascender a elementos intangibles y esenciales para el desarrollo de nuestra democracia. Bien sabemos que, debido al centralismo exacerbado de nuestro país, existen lugares —incluso dentro de nuestras ciudades— que experimentan algo bien parecido al abandono. Sin embargo, usualmente no logramos percibir y constatar el impacto de las inequidades territoriales en la crisis social por la que atravesamos. Quizás, en este contexto de malestar, sea un buen momento para tomarnos en serio el asunto de la distribución territorial.
Por Pedro Fierro, Fundación P!ensa y Universidad Adolfo Ibáñez, y Patricio Aroca, CIUDHAD, Universidad Andrés Bello
