Columna de Pedro Güell: ¿Regionalización sin sociedades regionales?

No hay ninguna novedad en señalar que el proceso de descentralización que comenzará con la elección de gobernadores el próximo 11 de abril está lleno de baches y defectos. Precisamente a mostrarlos y a tratar de corregirlos se han dedicado en el último tiempo nuestros representantes. Y, aunque no desde el inicio, las nuevas instituciones regionales terminarán funcionando razonablemente bien. Es una habilidad conocida de nuestro sistema político: hacer que las instituciones funcionen gracias a los parches y los alambritos de última hora. Además, era mejor partir alguna vez, aunque fuera cojeando, que no hacerlo nunca, como en los últimos dos siglos.

Pero hay otro defecto, menos visible y que no se arregla con alambritos ni a la carrera. La descentralización se justifica porque hace posible que las regiones se transformen en actores que diseñan y conducen su desarrollo, en función de las potencialidades específicas de sus territorios y de las identidades y anhelos de sus habitantes. Esto significa que los marcos institucionales –léase elecciones de gobernadores, traspasos de competencias, estrategias regionales de desarrollo, presupuestos u ordenamientos territoriales– están para fortalecer y conducir la vida social real que procede de los territorios.

La crisis o debilidad de muchos procesos de regionalización en el mundo ha tenido más que ver con la debilidad de las sociedades, de sus espacios públicos, de sus imaginarios y proyectos colectivos, que con la imperfección del diseño institucional. Se insiste mucho en que la calidad de las instituciones es clave para el desarrollo y la democracia, pero suele olvidarse que su eficacia y legitimidad descansan en la fortaleza de la cohesión, de la cultura cívica y de los sentidos de pertenencia y agencia de las sociedades a las que buscan conducir. Por eso una ineludible tarea de largo aliento será construir o profundizar sociedades y culturas cívicas regionales fuertes.

No se trata de apostar a la nostalgia de las identidades regionales exclusivas; nuestras sociedades ya globalizadas y la propia historia impuesta y burocrática de la regionalización no lo hacen posible. Se trata de la capacidad más básica de desarrollar conocimientos comunes sobre el territorio regional para establecer horizontes de desarrollo medianamente compartidos, basados en espacios de debate público sobre las opciones de política pública en disputa, en un compromiso cívico para participar del proceso y para alzar la voz exigiendo rendición de cuentas.

Nuestro actual proceso de descentralización institucional no está acompañado del desarrollo de las tramas sociales ni de los liderazgos democráticos en los territorios. Lo muestran con claridad los resultados del estudio “Barómetro Regional 2019” impulsado en 9 regiones por universidades regionales y el PNUD. Las personas no se identifican con las regiones en que viven, sino con sus barrios o comunas; tienen además un escaso conocimiento de las autoridades y realidades regionales. Sabemos también que los espacios públicos regionales y sus medios son muy débiles, que los sistemas políticos locales tienen escasa autonomía del centro, y que las tramas de las sociedades civiles son más bien locales, delgadas e inestables.

Sin una sociedad fuerte, se corre el riesgo de que las instituciones queden, en el mejor de los casos, como espacios burocráticos de distribución de recursos de acuerdo a las directrices de una minoría o de los intereses de las capitales regionales; y, en el peor de ellos, como espacio de captura y corrupción para los caudillos o élites corporativas locales. En cualquier caso, será una oportunidad perdida para el desarrollo endógeno y la democracia participativa.

Transformar los territorios regionales en sociedades y espacios públicos activos será una tarea de largo plazo, realizada a través de múltiples instrumentos. Pero hay que partir ahora, y con lo que está a mano. El proceso constituyente que se avecina es una inmejorable oportunidad para las regiones: no solo para inscribir en el texto mayores autonomías y capacidades para ellas, sino para movilizar a sus actores, y vitalizar los debates en sus espacios públicos.