Columna de Pedro Pellegrini: “Educación y el País de las Fantasías”

Hace pocos días critiqué en una red social de profesionales, las palabras del Presidente Boric en la inauguración del año académico de la Universidad de Chile en que, refiriéndose a que el Estado debe tener un trato preferente a las universidades estatales, señaló que esto molestaba a las “universidades privadas del sector oriente”.

La observación apuntó a esa frase innecesaria y dialéctica, que erróneamente asimilaba lo privado al sector socioeconómico, y que esa afirmación podía deberse a un sesgo ideológico inconsciente o a una juvenil improvisación, que implicaba no sólo desconocer el rol de la iniciativa de los particulares en la academia, sino que también disminuir la importancia que ha tenido la asociación privado-estatal para la gran penetración de la educación superior en este país. De esta forma, en mi opinión, la molestia debía trascender el ámbito del “sector oriente”, extendiéndose a muchas de las universidades del CRUCH, organización que cumplió más de 65 años de existencia.

Mi comentario generó molestia en algunos profesionales que, tal vez bajo el mismo sesgo, atacaban a la Constitución del 80, culpándola del mercantilismo de la educación y del aumento en las desigualdades sociales. Tales simplificaciones nunca son correctas y sin entrar a datos estadísticos que demuestren los avances en educación, tampoco pretendo desconocer el hecho que esos desarrollos no han permitido -lamentablemente-, disminuir las desigualdades sociales, ni menos el alto costo de educarse en Chile.

En este aspecto, sólo quisiera centrarme en algunos antecedentes que pueden servir para contribuir a tener una perspectiva menos polarizada; más aún ahora en que estamos frente a un proyecto constitucional que, en la misma línea del primer mandatario, además de eliminar el rol preferente y derecho de los padres de elegir libremente la educación de sus hijos, circunscribe esa garantía constitucional a un ámbito esencialmente estatal, desincentivando de esta forma proyectos educacionales y poniendo en grave riesgo la educación particular, sea o no subvencionada.

El inicio de la historia universitaria se remonta al esfuerzo de frailes dominicos en 1622, y hoy la academia es una maraña compleja de instituciones de distintas naturaleza jurídica, lo que significa que ha pasado mucha historia y experiencia en 400 años. Para quienes piensan que la historia de Chile comienza en 1970, es bueno también saber que en esa década había pocas instituciones que podían llamarse universidades y sólo 2 de ellas eran estatales: la U. de Chile (1842) y la U. Técnica del Estado (1947). Todas las otras eran esencialmente obra de la iniciativa privada (religiosa o de particulares); siendo destacables, tanto por sus resultados como en calidad -además de las católicas-, las universidades de Concepción (1919), la U. Técnica Federico Santamaría (1931), la U. Adolfo Ibáñez (1953) y la U. Austral (1954). En suma, la iniciativa no-estatal ha sido más relevante y su aporte se debe agradecer y sopesar, sin por ello dejar de reconocer que sus logros no habrían sido posibles, sin el apoyo estatal. Es el trabajo de ambos, en coordinación, lo que importa mejorar.

Preocupante es, en las palabras del Presidente y en el ideario refundacional del laboratorio constitucional, el anacronismo de pensar que en la educación lo privado y lo estatal son mundos irreconciliables o separados. Más lamentable es seguir confundiendo como sinónimos -casi de lucha de clases-, los conceptos de “privado” y “particular”, por una parte, y lo “público” y lo “estatal” por la otra. Lo peor, sin embargo, es no tener la transparencia de reconocer a la ciudadanía que, por la escasez o mala administración de recursos, o por otras necesidades más apremiantes, el Estado no tiene -ni nunca ha tenido en 400 años- la capacidad para poder asegurar una educación gratuita y de calidad para todos, por lo que solamente en el país de la fantasía se podría lograr una buena educación, sin la participación y colaboración conjunta del ámbito particular y el público-estatal.

* El autor es abogado y director de empresas.