“Programática”, “maximalista” o “partisana” son solo algunos de los adjetivos utilizados por distintos representantes del oficialismo para describir el texto constitucional que acaba de terminar su discusión y votación el Consejo Constitucional. Pero, ¿cuánto de verdad hay en ello?
A modo preliminar, uno no puede sino develar la paradoja en la que se ve envuelta la izquierda al calificar de esta manera a la propuesta constitucional, en circunstancias en que hace tan solo un año ellos mismos -o al menos la mayoría de ellos- hacían campaña por una propuesta no solo programática, sino que refundacional e identitaria, que regulaba desde la política nacional portuaria hasta el derecho al ocio, pasando por el reconocimiento del “maritorio” y de los Bomberos. Dicho esto, cabe preguntarse si es que acaso existe ahora en las izquierdas un convencimiento genuino de que las constituciones deben ser más escuetas, o si es que ello simplemente responde a una postura acomodaticia a las circunstancias actuales, considerando que la propuesta constitucional no es, parafraseando a la ex Presidenta Bachelet, “lo que siempre soñaron”.
Del análisis de las enmiendas presentadas por dicho sector, y de las razones de la disconformidad manifestada públicamente por diversos representantes, no vemos que su disconformidad esté en sus “excesos”, sino más bien en lo que la propuesta no hace o dice. “No mejora las condiciones de igualdad”, según la senadora Vodanovic (PS). No representa a los sectores “tradicionalmente postergados”, según el senador Quintana (PPD). No tiene paridad de género de salida como norma permanente, ni escaños reservados para pueblos indígenas, ni reconoce la interseccionalidad; como buscaban hacer mediante sus enmiendas (que también podrían ser catalogadas de maximalistas). En el fondo, el problema no es el maximalismo, sino más bien que el maximalismo no sea de su cosecha.
Por lo demás, se trata quizás de un problema irreconciliable, pues a él le subyace el entendimiento de lo que una Constitución puede -y debe- hacer. Así, si la izquierda insiste en su visión del constitucionalismo “a lo latinoamericano”, en donde las constituciones son vistas como instrumentos de transformación social, difícilmente existirá un consenso sobre lo que es propiamente constitucional.
Con todo, si acaso fuese verdad que desde la izquierda ahora sí creen que las constituciones deben ser pactos mínimos y transversales, cabe preguntarse si es que la propuesta que el Consejo nos presenta cumple con dicha condición. Más allá de las críticas a su extensión y profundidad en el tratamiento de algunas preocupaciones contingentes, se trata de una propuesta que se sitúa en nuestra tradición constitucional; que respeta innegablemente las 12 bases institucionales acordadas previamente por el legislador (razón por la cual el Comité Técnico de Admisibilidad nunca tuvo que pronunciarse); que se construye mayoritariamente sobre la base de diagnósticos transversales, plasmados en un anteproyecto aprobado de manera unánime; que recoge el contenido de una serie de iniciativas populares de normas; y que acoge añosas demandas tanto de derechas como de izquierdas, como los son, en este último caso, la consagración de un Estado social y democrático de derecho, la ampliación de derechos sociales, los avances en derechos para las mujeres, el reconocimiento de los pueblos indígenas y de la interculturalidad, avances en descentralización y en la protección del medio ambiente, mayores espacios de participación ciudadana, reformas al Tribunal Constitucional, la eliminación de leyes supramayoritarias, entre otras.
En definitiva, puede que la propuesta no sea un texto técnicamente intachable, ni que concite la plena adhesión de cada uno de nosotros a cada una de sus disposiciones, pero lejos está de ser -como lo han afirmado convenientemente diversos actores del oficialismo- un texto excluyente o partisano, ni comparable con el elaborado por la Convención. Muy por el contrario, esta propuesta se construye ya no sobre una hoja en blanco, sino que sobre la base de una serie de consensos -reflejados tanto en las bases institucionales como en el anteproyecto- que permitieron la confluencia de diversas tradiciones políticas en una Constitución en sintonía con los tiempos y desafíos actuales y venideros.
Por Pedro Varela Silva, abogado, investigador de Libertad y Desarrollo
