La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, concurrió junto a su par del Ministerio de Ciencias, Aisén Etcheverry, a la comisión de Constitución del Senado para abordar algunos de los cuestionamientos que ha suscitado el decreto que crea la Comisión para la Desinformación, que comenzó a sesionar la semana pasada.
Cabe analizar más en detalle los planteamientos esgrimidos por la vocera de Gobierno en dicha instancia, puesto que al aseverar que “una comisión asesora no puede vulnerar los derechos fundamentales”, refiriéndose con ello a la libertad de prensa y de expresión, olvida que en otras latitudes y momentos históricos sí hay ejemplos que retrucan su aseveración. Basta analizar el rol (y las críticas planteadas) que ha ejercido la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Ecuador, o lo que fue la Comisión de Asuntos Políticos y Sociales de la URSS (1922-1991), para caer en la cuenta de que instancias como las impulsadas por el Ejecutivo, plena de buenas intenciones, sí pueden redundar en transgresiones a garantías fundamentales.
Ante las objeciones planteadas en torno a la conformación del organismo, la ministra señaló que “era importante y necesario tener primero la opinión de una comisión de expertos” (¿neutros?), pero que, una vez elaborados los respectivos informes y recomendaciones, “vendrá una discusión política”. ¿No estaría contradiciéndose entonces la ministra? Si asumimos, a partir de los mismos objetivos señalados en el decreto, que dicha discusión se centrará en las recomendaciones de regulación que pudiera plantear la instancia, es perfectamente plausible prever que alguna de ellas conlleve una limitación de derechos fundamentales. Asumir que no existe espacio para ello supone, cuando menos, desconocer las problemáticas que entraña la misma naturaleza del organismo.
¿Qué es, entonces, lo que preocupa o debiese suscitar resquemores a la ciudadanía respecto de una entidad como la creada por el gobierno en esta materia?, ¿que haya sido creada vía decreto, sin consultar siquiera a los presidentes de los partidos o a la Asociación Nacional de la Prensa?, ¿que sus miembros hayan sido nombrados unilateralmente por el gobierno?, ¿que la instancia sea liderada por el Ministerio de Ciencias? ¿o que dentro de sus objetivos sea la elaboración de un informe con “lineamientos y/o recomendaciones para la regulación de las plataformas digitales”? La verdad es que todas las anteriores bastan de por sí. Pero subyace a ellas algo aún más relevante: y es la creencia de que, a través del establecimiento de criterios de verdad desde el poder del Estado, se puede asegurar algo tan fundamental para la democracia como lo es el resguardo de la libertad de expresión.
El debate que concita la nueva comisión gubernamental remite a la lucidez de Alexis de Tocqueville, quien fuera uno de los primeros pensadores en vislumbrar los desafíos que se presentaban para la democracia: “Cuanto más contemplo la independencia de la prensa en sus principales efectos, más llego a convencerme de que entre los modernos la independencia de la prensa es el elemento capital y, por decirlo así, constitutivo de la libertad. Un pueblo que quiere permanecer libre tiene, pues, el derecho a exigir que se la respete a toda costa”. A tener en consideración.
