Columna de Pía Greene: Evitemos provocar y perpetuar la inseguridad

El doble homicidio en Graneros es una evidencia más de la crisis que enfrentamos y la creciente instalación de nuevas y más violentas formas criminales. El hecho abrió nuevamente la conversación sobre el castigo ante crímenes de alta connotación, incluso, se mencionó la posibilidad de reabrir el debate sobre la pena de muerte, derogada en 2001 a través de la Ley 19.734 del Ministerio de Justicia.

En este contexto de violencia surgen y resurgen ideas de política pública para abordar la principal preocupación de las personas. Por una parte, se acordó transversalmente avanzar en la ley que fortalece a los municipios en seguridad y prevención, proyecto ingresado por el gobierno en mayo de 2023, actualmente en segundo trámite constitucional. Este plantea la creación de una nueva institucionalidad en materia de seguridad comunal y la entrega de mayor protección, facultades y herramientas a los inspectores, entre otras.

Por otra parte, se levantan voces que proponen medidas como reducir la edad de responsabilidad penal adolescente o aumentar las penas para delitos violentos. Estas buscan dar soluciones punitivas rápidas, pero no necesariamente atienden el problema de fondo o han demostrado ser efectivas para enfrentarlo.

Son urgentes soluciones eficaces que aborden la manifestación del problema, que afecta y produce temor a la ciudadanía, como las causas que lo están provocando y perpetuando. En esa línea, reducir el poder de fuego debería ser una prioridad, a través de acciones como operativos focalizados con análisis de información estratégica para sacar de circulación las armas no autorizadas, además del fortalecimiento del control y fiscalización en el proceso de internación de armas de fuego.

Pensando en el largo plazo, también vale la pena estudiar aquellas iniciativas que han demostrado ser exitosas, como la prevención de conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes. Esto resulta más efectivo para evitar y detener carreras delictuales que privar de libertad tempranamente. Si bien existen esfuerzos en esta materia que generan resultados sostenibles, son medidas que requieren más tiempo y presupuesto, por lo que no siempre resultan atractivas para frenar la crisis inmediata.

Por otra parte, la disuasión que se espera generar con el aumento de penas es menos efectiva que la certeza del cumplimiento real de la condena. Hoy el sistema no asegura que el proceso de persecución penal logre asignar una sanción a quien comete un delito, lo que resulta un incentivo (o al menos no un desincentivo) para quien posee los factores de riesgo para entrar en una senda delictual.

Esperemos que con la instalación del Ministerio de Seguridad las medidas para enfrentar la crisis de seguridad se centren en su efectividad, desde un análisis técnico que no solo eleve el nivel y calidad de las políticas públicas en seguridad del país, sino también permita revertir las tendencias observadas.

Por Pía Greene, Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro), Universidad San Sebastián