Los 18 homicidios registrados en los últimos días confirmaron lo que hace un tiempo ya se venía advirtiendo: el crimen organizado se instaló en el país. Hay diversos diagnósticos, pero existe un acuerdo que en que estamos frente a una crisis de seguridad, donde el aumento de la violencia ha generado en la ciudadanía los índices de temor más altos registrados en nuestro país.
En este contexto, existen diversas áreas en las que avanzar con urgencia para abordar esta compleja situación. Una de ellas es avanzar en una política integral de cárceles. En una democracia, la cárcel es la última alternativa que tiene el Estado para sancionar a quien infringe la ley. Sin embargo, hoy estos recintos no producen los resultados esperados en ninguna de sus áreas de acción: privación efectiva de libertad, aislamiento de los internos, rehabilitación ni reinserción de ellos.
El sistema penitenciario se ha convertido en un lugar donde se replican las dinámicas de los barrios, se mantiene el poder de los delincuentes y se perpetúa la violencia. Necesitamos un acuerdo transversal y medidas urgentes que vayan más allá de la construcción de cárceles y que incluyan acciones como la separación de los internos de acuerdo a su compromiso delictual; medidas alternativas para delitos que no requieren privación de libertad; separación de las funciones de reinserción y rehabilitación de las de seguridad de los penales y los internos en Gendarmería; entre otras.
Paralelamente, es imperativo mejorar la articulación y trabajo conjunto entre los diferentes organismos del Estado que tienen funciones en seguridad, para lo que la aprobación e instalación del Ministerio de Seguridad resulta indispensable. La existencia de una autoridad, al más alto nivel, con dedicación exclusiva al tema, con capacidad de crear fuerzas de tarea, presupuesto focalizado, equipos técnicos especializados, entre otras cosas, ayudarán a enfrentar de mejor manera el fenómeno.
Si bien se ha avanzado considerablemente en leyes que sin duda serán un aporte para la prevención, el control y la persecución de delitos de crimen organizado, como la creación de la fiscalía supraterritorial, hay otros fundamentales que aún están pendientes. Entre ellas, las de mayor relevancia son las que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado y el de Inteligencia Económica. Ambos proyectos son indispensables si queremos combatir la raíz de los nuevos delitos que se han instalado en el país, atacando su estructura y financiamiento.
Por otra parte, es importante revisar experiencias internacionales que hayan demostrado ser efectivas para la reducción de delitos violentos de grupos organizados, especialmente aquella asociada al uso de armas de fuego. Programas como el Group Violence Intervention o Cure Violence, implementados en EE.UU. y que han reducido cifras en hechos violentos, u otros como el Communities that Care, que ha sido efectivo en prevenir conductas de riesgo en niños y adolescentes, son ejemplos de políticas pensadas de largo aliento, que son efectivas y que requieren un fuerte compromiso no solo presupuestario a largo plazo, sino también el generar un proceso de adaptación a la realidad local.
Ojalá las políticas públicas en esta materia fuesen pensadas desde la técnica, transversales y sin una mirada ideológica, para que así, puedan ser efectivas y tengan un real impacto en la calidad de vida de las personas.
Por Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, Universidad San Sebastián
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