Columna de Pía Palacios: Derecho la vivienda en la nueva Constitución

Un reciente informe realizado por Hábitat para la Humanidad y el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) en donde, a partir de sus hallazgos se concluye que el garantizar y proveer de acceso a la vivienda equitativo a quienes viven en asentamientos informales en América Latina y El Caribe puede tener un impacto de un 10,5% en el crecimiento económico (medido en PIB), un aumento de la esperanza de vida en un 4% y un aumento de la proyección de años de escolarización. Esto significa un aumento considerable del Índice de Desarrollo Humano en los países más afectados por la falta de vivienda adecuada.

En Chile, actualmente existen casi 114 mil hogares viviendo en 1.290 campamentos, lo que representa aproximadamente un 2% de los hogares del país y que hace referencia a más de 330 mil personas que viven en esta situación. Este no es un fenómeno nuevo, ni algo que nos sorprenda. La vivienda en el país es poco asequible, ya sea vía crédito, como también vía subsidio, y esto ha provocado diversas formas de exclusión habitacional en los hogares más vulnerables, en donde el campamento es solo una expresión física y visible.

Estudios previos han dado cuenta de la importancia de la vivienda adecuada como un sustento base para el desarrollo de la vida cotidiana y, que las condiciones de una vivienda inadecuada, reflejadas por ejemplo en el allegamiento, hacinamiento o con graves problemas materiales, tendría impactos negativos sobre la salud física y mental de los habitantes del hogar (enfermedades respiratorias, menor esperanza de vida, estrés, depresión, entre otros), en el aprendizaje y el desempeño escolar de los niños, niñas y adolescentes motivados por el hacinamiento y las malas condiciones materiales de la vivienda.

Conociendo todos los efectos directos que la falta de una vivienda tiene sobre las personas y más aún, ahora con el nuevo informe recientemente publicado que da cuenta de los beneficios económicos y sociales para el país, el avanzar hacia una vivienda adecuada, con todos los elementos que contempla (seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural), no es una opción, sino una obligación como sociedad. Esto beneficiará principalmente a todas y todos quienes no pueden acceder a una vivienda y también con fuerza a todas y todos quienes habitan en el país.

Hoy tenemos una nueva oportunidad para consagrar el derecho a la vivienda adecuada en la nueva Constitución, para de esta manera, obtener más y diversos mecanismos para la disminución del déficit habitacional que tanto nos aqueja y un derecho a la ciudad para también entender que la vivienda comprendida como solo un techo no es suficiente, si ésta no se encuentra integrada espacial y socialmente.

Por Pía Palacios Guajardo - Directora Centro de Estudios TECHO-Chile