Han pasado setenta y seis días desde el contundente triunfo del Rechazo y los partidos políticos con representación parlamentaria todavía no alcanzan un acuerdo. Esta semana, en que se cumplieron tres años del 15N -hito que muchos celebran como una victoria de la moderación-, hemos visto más bien intransigencia y radicalidad de sectores de la derecha empeñados en imponer sus condiciones cual titulares de una victoria que no les pertenece.
Sin embargo, y más allá de las intrigas parlamentarias, en la sociedad chilena sigue habiendo consenso en torno a la necesidad de una nueva Constitución y, también, sobre el rol gravitante que los derechos sociales debieran tener en ella. No hay en esto novedad: ya son décadas de demandas por pensiones, educación, salud y vivienda, y de choques frontales con el Estado subsidiario elevado a rango constitucional.
Así las cosas, el acuerdo que a estas alturas parece haber respecto de la necesidad de un Estado social es tan amplio, que la mayoría de las fuerzas del Rechazo se comprometieron a establecerlo en la futura Constitución con la que, dicho sea de paso, también se comprometieron.
Ahora bien, no basta con el contenido que, en el mejor de los casos, resulte del próximo proceso. La legitimidad del texto no es un asunto accesorio. Es por eso que preocupa la posibilidad de que el órgano redactor no sea cien por ciento electo. Si se llegara a una alternativa con algunos o con todos sus miembros designados (eso es lo que ha trascendido), estaríamos minando las bases de la voluntad que ya expresó de manera contundente la sociedad en el plebiscito de entrada, haciendo retroceder un proceso que, hasta acá, ha puesto en las manos del pueblo las decisiones fundamentales. Ningún cálculo electoral o gallito entre coaliciones, ni tampoco ninguna encuesta o sondeo, debiera ser razón para retroceder lo avanzado en democracia y participación popular, salvo que haya quienes le teman al pueblo y a la posibilidad de perder posiciones en los próximos comicios.
Para la alianza de gobierno, esta discusión será una prueba de su capacidad para coordinarse y empujar en conjunto una alternativa que, abierta a las negociaciones necesarias para alcanzar los 4/7, no vulnere los avances que la sociedad chilena ha conquistado. Además, para el oficialismo existe el desafío estratégico de fortalecer sus bases sociales, ese 38% que votó por el Apruebo, que está a favor de las reformas y que se sentiría defraudado ante concesiones abiertamente antidemocráticas.
Sin suscribir a la tesis del “noviembrismo v/s octubrismo”, quienes tienen en sus manos el futuro del proceso constituyente debieran obrar con la conciencia de crisis que imperaba en octubre y noviembre de 2019, pues, aunque las calles no figuren hoy desbordadas ni un próximo estallido parezca estar a la vuelta de la esquina, la crisis no ha menguado y la democracia chilena sigue, igual que hace tres años, literalmente contra las cuerdas.
Por Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Fundación Nodo XXI
